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Estudiantes y periodistas protestan contra la ley de educación chavista

Los disturbios se multiplican en Caracas por segunda jornada consecutiva

Tras un día de protestas, palizas y gases lacrimógenos en las calles, la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó, en la madrugada de ayer, una nueva Ley Orgánica de Educación, vista por el Gobierno como un instrumento esencial para fundar la nueva conciencia del Socialismo del Siglo XXI, y para formar entre los niños, como ha dicho la jefa de Gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Farías, a "los futuros Chávez". La discusión de la ley, que se prolongó durante diez horas y culminó en la medianoche del jueves, generó protestas por segundo día consecutivo.

Estudiantes, profesores y periodistas se movilizaron ayer para denunciar el carácter "ideologizante" y "excluyente" de la ley. Las protestas fueron reprimidas por la policía con gases lacrimógenos y agua, y por simpatizantes del oficialismo, armados de palos y piedras.

Los docentes denuncian el fuerte sesgo ideológico de la nueva legislación

Habrá sanciones para los medios de comunicación que incurran en "faltas"

"Sólo aquellos sectores mercantilistas de la educación, aquellos vinculados a golpes de Estados y hechos de desestabilización son los que anuncian que no acatarán el contenido de esta nueva Ley Orgánica de Educación. Nuestra Constitución nacional garantiza que eso no ocurrirá, y en todo caso que suceda se aplicarán las leyes respectivas", dijo en un receso del debate la diputada María de Queipo, presidenta de la Comisión Permanente de Educación, Cultura, Deporte y Recreación, que redactó el proyecto, durante una entrevista transmitida por la televisión de la Asamblea Nacional.

Entre otras reformas, la nueva ley le otorga el monopolio al Estado para "diseñar, administrar y supervisar la política de formación permanente" de todos los ciudadanos y para restringir la enseñanza de algunas carreras universitarias "que por su naturaleza, alcance, impacto social e interés nacional" así lo requieran. Además, le otorga a la figura de los consejos comunales -organizaciones comunitarias creadas y financiadas por el Gobierno- la condición de "agentes de la educación", con el "rol pedagógico liberador para la formación de una nueva ciudadanía y [la] construcción de sujetos sociales de transformación".

Las disposiciones transitorias de este instrumento legislativo también establecen sanciones para los medios de comunicación, las instituciones educativas y los docentes que incurran en "faltas". Una de ellas prevé la posibilidad de que, por vía administrativa y por orden del Ministerio de Educación, se ejecute el cierre de medios. "Se prohíbe la publicación y divulgación de impresos y otras formas de comunicación social que produzcan terror en los niños, inciten al odio, a la agresividad, la indisciplina, deformen el lenguaje y atenten contra los sanos valores del pueblo venezolano, la moral y las buenas costumbres, la salud mental y física de la población; en caso de infracción de éstos, los órganos rectores en materia de educación solicitarán a la autoridad correspondiente la suspensión inmediata de las actividades o publicaciones de que se trate, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones contenidas en el ordenamiento jurídico venezolano", señala el artículo 50 de la ley.

Contra este artículo y contra el cierre de 34 emisoras de radio ordenado el 31 de julio pasado por el Gobierno, protestaban el jueves pasado un grupo de 25 periodistas del grupo editorial Cadena Capriles en el centro de Caracas -a pocas manzanas de la Asamblea Nacional-, cuando fueron agredidos con palos, puños y piedras por simpatizantes del oficialismo. "Me dijeron que ésa era una zona del pueblo y que no nos pertenecía. Yo le dije que nosotros éramos pueblo, pero me partieron la nariz de todos modos", contó Usbaldo Arrieta, uno de los 12 comunicadores que resultaron heridos en el ataque, y uno de los dos que ayer fueron intervenidos quirúrgicamente por fracturas de nariz. Horas antes de que se produjera este incidente, otros tres camarógrafos de las cadenas de televisión privadas Globovisión y RCTV también fueron golpeados cuando intentaban cubrir una protesta estudiantil que se llevaba a cabo en los alrededores del Parlamento.

Ayer las organizaciones que agrupan al gremio de los periodistas en Venezuela convocaron a una nueva manifestación para condenar el ataque y para exigirle a las autoridades que actúe contra los agresores. Hace dos semanas, dos trabajadores del canal de noticias Globovisión también resultaron heridos durante un ataque con bombas lacrimógenas perpetrado contra la sede del canal.

La Asamblea también aprobó una ley que permite al Estado apropiarse de terrenos urbanos que considere improductivos para construir viviendas sociales, y que además regula los asentamientos populares. El texto señala que ser propietario de una tierra improductiva es una "rémora de una sociedad rentista contrapuesta a los objetivos de inclusión social y productividad".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 15 de agosto de 2009