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Las correcciones al PGOU de Málaga afectan a más de 28.000 viviendas

Obras Públicas ya comunicó su desconteto con las modificaciones municipales

Las subsanaciones que la Comisión de Ordenación del Territorio de Andalucía (Cotua) exige para poder aprobar el nuevo planeamiento urbanístico de Málaga no parecen tan sencillas como el Ayuntamiento de Málaga ha dado a entender. El procedimiento administrativo a seguir para superar el examen no es complicado, y los plazos permiten hacerlo en este año, que es la obsesión del alcalde, Francisco de la Torre, pero el fondo de la cuestión es complejo, pues a tenor de la resolución de la Cotua el plan necesita un buen meneo. Ahora mismo están en el aire, por ejemplo, más de 28.000 viviendas, el 79% del total de las nuevas proyectadas.

Son 28.773 casas contempladas en nuevos suelos urbanos que la comisión ha rechazado expresamente. La mayoría de ellas, más de 15.000, podrían autorizarse pues están condicionadas a determinadas subsanaciones, pero el resto se localizan en suelos que están preservados en normas de rango superior al PGOU y que, por tanto, son imposibles.

El alcance de las correcciones necesarias es lo que llevó a la asesoría jurídica de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio a proponer la suspensión completa del plan en lugar de una aprobación parcial que dejara pendiente sólo las partes cuestionadas, como se preveía.

En el caso de estas viviendas, hay 8.124 que son inviables, porque así las declaró el informe de impacto ambiental que tiene carácter vinculante pero al que el Consistorio hizo caso omiso. Se trata de 4.202 casas dibujadas en suelo inundable en la vega del río Campanillas, 2.157 en Maqueda a menos de kilómetro y medio de la nueva central térmica; y 664 en Arraijanal, 499 en Limonar norte, y 601 en el Camino Bajo y la sierra de Churriana en suelos no urbanizables protegidos.

Las viviendas de Campanillas si podrían prosperar si se corrige el riesgo de inundaciones. Por este mismo motivo, la Cotua ha dejado también en suspenso otras 1.505 viviendas en Los Martínez y 1.101 en San Ginés, también en Campanillas, la zona en la que gravita el grueso de la expansión de la ciudad. Por no cumplir las limitaciones del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) sobre núcleos aislados, se ha rechazado la urbanización de 1.612 viviendas en San Cayetano. Igualmente, la construcción de las 1.332 viviendas en la torre de Repsol, que será el edificio más alto de la ciudad, está condicionada a una serie de correcciones de deficiencias técnicas y afectada, además, por cauces fluviales, y todo ello de forma independiente a lo que Aviación Civil determine finalmente sobre la altura del rascacielos que en su anterior informe exigió reducir.

Éstas son las situaciones más complicadas, muchas de ellas insalvables, como las rechazadas por el impacto ambiental. El resto son susceptibles de subsanación. El nuevo PGOU de Málaga programa 70.293 viviendas, cifra que cumple los parámetros del POTA, aunque la Junta considera algo sobredimensionada porque con las actuales previsiones de crecimiento de población no se llegaría a agotar hasta 2.026. De este número de viviendas, 33.844 ya estaban contempladas en el plan vigente.

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Además de haber ignorado determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (Potaum) y del informe de impacto ambiental, que son vinculantes, la resolución de la Cotua pone de manifiesto numerosas deficiencias y contradicciones en los contenidos del PGOU. Entre ellos, la falta de una programación de las actuaciones, edificabilidades en determinados sectores superiores a las que contempla la ley, incorrecciones en las clasificaciones de suelo y contradicciones, como recoger para uso residencial terrenos que son dotacionales, o la definición de sistemas generales sin consultar a las administraciones competentes o propietarias de los suelos. El PGOU ha omitido también un censo de las edificaciones irregulares en suelo no urbanizable, y carece de justificación suficiente para la exención en algunos sectores de la obligatoriedad de cesión de suelo para VPO y de cesiones de terrenos en concepto de aprovechamiento. La Cotua también emplaza a realizar 17 modificaciones en la normativa urbanística del plan municipal.

En junio, antes de someterse a examen de la Cotua, el Ayuntamiento aprobó un paquete de subsanaciones y correcciones al plan, 164 en total, muchas de ellas sugeridas en los informes sectoriales de las distintas administraciones. La Cotua recuerda que se debe ahora esperar el pronunciamiento de esas administraciones sobre si las correcciones introducidas son satisfactorias, como los casos de la Dirección General de Aviación Civil, Defensa, Adif, los departamentos de carreteras de Fomento y de la Junta o la Dirección General de Bienes Culturales. La Consejería de Obras Públicas ya informó de su insatisfacción con las modificaciones y emplaza a que recoja un informe económico financiero sobre las actuaciones de infraestructuras.

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