Llegó 'Gürtel' y paralizó el Consell
Los problemas judiciales de Camps impiden la salida a la crisis de su Gabinete
Quienes rodean a Francisco Camps aseguran que el presidente de la Generalitat defiende la buena gestión de los miembros de su Gabinete con la misma vehemencia con la que asegura que él se paga sus trajes. Una opinión que, sin embargo, no comparten los propios miembros del Consell. El pasado día 10 el consejero de Inmigración, Rafael Blasco, en una conversación con los nuevos accionistas del Valencia CF grabada sin su conocimiento, admitía: "Tenemos una crisis de Gobierno desde hace cuatro meses por un señor, que es presidente del Gobierno regional, que tiene que demostrar que ha pagado dos trajes que se ha llevado. No es que tengan que demostrar los demás que no los ha pagado. Llevamos cuatro meses intentando demostrar que ha pagado él sus trajes".
La ausencia de resultados del área económica se suma a la crisis educativa
Las vicepresidencias no han suplido la falta de impulso político de Camps
Blasco echó mal las cuentas. Son ya casi seis meses de crisis, desde que el pasado 6 de febrero se produjeron las primeras detenciones del caso Gürtel a instancias del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
Previamente -y con independencia de los buenos sondeos demoscópicos y los excelentes resultados obtenidos por el PP valenciano en las elecciones al Parlamento Europeo del pasado 7 de junio- el Consell había cerrado 2008 con una de las huelgas más importantes del sector educativo en la historia de la Generalitat, a cuenta de la decisión de impartir Ciudadanía en inglés, cuando la gran mayoría de alumnos no tiene el nivel adecuado para ello. Un conflicto que, lejos de solucionarse, se ha enquistado y que el consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, confía en ganar por la vía del agotamiento, aun a costa de que los perjudicados sean los alumnos y profesorado.
El consejero de Gobernación, Serafín Castellano, es otro de los elementos que, según coinciden en señalar varios miembros del Consell, hubiese sido relevado en una situación de normalidad. El descubrimiento de que otorgó contratos menores, por importes de miles de euros, a un constructor amigo suyo y cuya esposa comparte una propiedad con el consejero y su mujer, causó un notable malestar en Presidencia. Sin embargo, los problemas de Camps con la justicia bloquearon cualquier posibilidad de relevo.
El área económica del Consell tampoco ha escapado a la parálisis. Con el plan confianza, el Ejecutivo que preside Camps ha intentado transmitir la imagen de que está pendiente de la crisis económica y de adoptar las medidas adecuadas para paliar los efectos de la misma. Lo cierto es que la falta de dinero y las tensiones de las cuentas de la Generalitat -con la deuda disparada, los ingresos cayendo en picado y la insuficiente financiación del Gobierno- han hecho que hasta la fecha no se haya visto la efectividad de las medidas adecuadas. Unas medidas que, en su mayor parte, no serán visibles hasta el año que viene.
La falta de impulso se ha notado de manera singular en las carteras de Infraestructuras, Industria y Agricultura, cuyos consejeros son prácticamente desconocidos para los agentes de los sectores sobre los que actúan. La sensación de crisis en el área económica se ha agravado en las últimas semanas con la constatación de que el nuevo modelo de financiación autonómica mantendrá a la Comunidad Valenciana en los puestos de cola de financiación per cápita, pese a los mayores recursos que llegarán del Estado.
En cualquier caso, si el vicepresidente económico ha ganado protagonismo en los últimos días a cuenta del nuevo sistema de financiación autonómica, las otras dos vicepresidencias -la política de Vicente Rambla y la de Bienestar Social de Juan Cotino- tampoco han tenido capacidad para dar un nuevo impulso a la acción de gobierno.
Fuentes del PP reconocen que los vicepresidentes, especialmente Juan Cotino y Gerardo Camps, han estado más pendientes del estado anímico y la situación procesal del presidente de la Generalitat que de intentar impulsar la acción de gobierno a través de los departamentos de carácter transversal que dirigen.
En este contexto, las presiones para que Camps dimita o que él mismo fije en qué momento de su situación procesal considera que debería renunciar tampoco han ayudado a impulsar la acción de un Consell que languidece por semanas.
De hecho, la agenda de la mayoría de los departamentos del Gobierno valenciano se ha ido trufando con el paso de las semanas de convenios, entregas de premios, primeras piedras y actos protocolarios. Y cuando no ha sido así, el resultado casi ha sido peor. Como cuando el titular de Inmigración, Rafael Blasco, fue sorprendido tratando en nombre del Consell con Vicente Soriano y el presidente del Grupo Dalport, Víctor Vicente Bravo para arreglar el Valencia. Y luego dirán que hay crisis.
La oportunidad perdida del 7-J
En el seno del PP se da por sentado de que al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, no le gustan demasiado los cambios. Y que las remodelaciones del Consell, amplias sobre el papel, se van deshinchando hasta reducirse a la mínima expresión. Sobre todo si hay problemas para colocar a los salientes. Así sucedió en septiembre de 2008 cuando, tras varias semanas de repasar informes y combinaciones, tan solo se sustituyó a Fernando de Rosa, nombrado vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, por Paula Sánchez de León al frente de la cartera de Justicia y Administraciones Públicas, aunque sí se produjo una reordenación de competencias que tardó varios meses en ajustarse. El pasado mes de mayo, Camps estuvo a punto de realizar una remodelación de su Gobierno, aunque en el último minuto abordó la maniobra por presiones de su propio entorno y de la calle de Génova, sede nacional del PP.
En esa ocasión, Camps pretendía enviar al Parlamento Europeo a la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, y sustituirla por Gerardo Camps, lo que hubiese reforzado el peso de Vicente Rambla en el seno del Consell.
La operación se desbarató, pero, pese a ello, fuentes del PP nacional aconsejaron a Camps que si pretendía abordar una crisis del Consell para relanzar de manera seria la acción de gobierno, el momento más adecuado era antes de las elecciones al Parlamento Europeo del 7 de junio o, en su defecto, a las pocas semanas de estos comicios.
Nada de eso ha sucedido, pese a que desde el propio Consell se alimentaron los rumores de una remodelación para desviar la atención del proceso judicial que se instruye contra Camps por un posible delito de cohecho. En la situación actual, pocos creen ya que Camps vaya a mover el banquillo hasta que se resuelva su situación.
En cualquier caso, si se cumple el escenario deseado por Camps de que el TSJ archive su causa antes de acabar julio, no habría cambios hasta el mes de agosto. Como en 2004, cuando Camps afrontó una de sus peores crisis políticas, acosado por los zaplanistas con solo un año de gobierno.
