La juez llama a declarar al ex viceconsejero Canalda en la querella del doctor Montes

Arturo Canalda, viceconsejero de Sanidad cuando el consejero era Manuel Lamela y actual Defensor del Menor, tendrá que declarar como testigo en el juicio contra el ex consejero por denuncia falsa contra Luis Montes. Será el próximo 6 de agosto junto a José Luis Rodríguez Nava, auditor de la Consejería en el caso de las denuncias de sedaciones en el hospital de Leganés.

Ambos han sido convocados como testigos, a petición de la fiscalía, en la querella presentada por Luis Montes y su segundo, Miguel Ángel López Varas, contra Lamela y los seis miembros de la comisión de expertos que el entonces consejero de Sanidad organizó para investigar las supuestas sedaciones irregulares en el Severo Ochoa de Leganés. A los especialistas se les imputa un delito de falsedad.

Montes y López Varas, que reclaman un euro de indemnización con el argumento de que su buen nombre no puede ser reparado, ya vieron en el juzgado al ex consejero y a los médicos que ampararon su denuncia. Lamela, que declaró el pasado 9 de junio, afirmó ante la juez que "la Consejería jamás dijo, ni siquiera insinuó algo parecido a que hubiera eutanasia en Leganés".

Fue Canalda el que, el 8 de marzo de 2005, informó a Lamela sobre la investigación que Sanidad había concluido que no existía mala praxis en las urgencias de Leganés. Pese a ello y siguiendo indicaciones de Lamela, Canalda presentó el 26 de mayo de 2005 una denuncia ante un Juzgado de Leganés, según lo denunciado por una persona anónima. Se apoyó en el informe elaborado por los médicos ahora imputados por falsedad, algunos de ellos tan prestigiosos como Hernán Cortés, del 12 de Octubre; Manuel Gómez Barón, de La Paz; Dolores Crespo, del Ramón y Cajal; o Francisco López Timoneda, del Clínico San Carlos.

La comisión analizó 169 historias clínicas de unos 300 folios cada una en 42 días y sin hablar con el personal del Severo Ochoa. Concluyeron que había 73 muertes en que "la sedación fue realizada fuera de la lex artis". El informe fue desmontado por la Audiencia de Madrid -que archivó la causa y ordenó retirar cualquier mención a la mala práctica médica- y por la Sociedad Española de Epidemiología.