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lunes, 22 de junio de 2009
Editorial:

Cerrar Guantánamo

España aceptará los presos enviados por EE UU, pero antes hay que definir sus derechos

El presidente Barack Obama prometió en campaña electoral que en enero de 2010 ya no habría presos en Guantánamo, para poner, así, fin a una vergüenza internacional que forma parte del legado de la Administración de George W. Bush. Tras las invasiones de Afganistán (2002) e Irak (2003), Estados Unidos comenzó a llenar su base militar en Cuba de reclusos a los que, con suerte, algún día se debería poder juzgar por terrorismo o actos de guerra contra su país, pero que no podían instalarse en Estados Unidos, precisamente porque, de momento, no había acción legal posible contra ellos.

De la inconsciencia con que se acumularon sospechosos -hasta un millar- da idea el hecho de que casi nadie ha sido juzgado y que con la mayoría de los 220 o algo más que quedan, Washington no sabe qué hacer. Ni hay bases para un juicio; ni la opinión norteamericana los quiere en casa, porque si no hay pruebas de que sean terroristas, tampoco las hay de lo contrario; y menos cabe aún devolverlos a su país de origen, porque no los aceptarían o, de hacerlo, podrían correr una suerte aún peor que en Guantánamo.

Para que Obama cumpla su promesa ha sido necesario recurrir a la colaboración de países amigos, a fin de que acojan a una parte de esos presos. Y entre los que se han mostrado dispuestos está España que, al igual que el resto de la UE, ya ha dado su asentimiento de principio, pese a todas las graves cuestiones que plantea. El enviado de Washington, Daniel Fried, pidió formalmente la semana pasada que España acogiera al menos a cuatro, todos ellos tunecinos. Aunque la petición se halla en estudio, el Gobierno va a decir que sí, a excepción de algún caso con antecedentes penales y exigiendo debidas garantías sobre las personas a las que acepta. Es la solución del mal menor por la vía del realismo político. Una negativa dificultaría el cierre efectivo de ese limbo legal que es Guantánamo y, en el caso español, entorpecería el relanzamiento de las relaciones entre Madrid y Washington tras el largo desencuentro con Bush.

España ha exigido que los aspirantes hayan pedido voluntariamente asilarse en nuestro país, y que no tengan antecedentes. Pero antes hay que definir claramente derechos y obligaciones de los futuros huéspedes. Gozarán, es de suponer, de una cierta libertad de movimientos porque no hay causa alguna contra ellos en España, pero, como tres palestinos acogidos en 2002 por acuerdo con Israel, pasarán algún tiempo bajo vigilancia; y todo ello a cargo del contribuyente. Si algún día, finalmente, obtienen permiso para salir al extranjero, será sólo cuando las autoridades, tanto españolas como del país que les extienda visados, estén convencidas de su nula peligrosidad.

Sólo así, con la cooperación de los países amigos y, señaladamente, la UE, podrá Obama borrar la ignominia de Guantánamo, que personajes como Dick Cheney, vicepresidente con Bush, siguen defendiendo e, incluso, ensalzando.

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