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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Sin iniciativa

Gobierno y oposición están eludiendo sus respectivas responsabilidades frente a la crisis

La crisis económica que ha elevado el paro hasta cifras que rondan los cuatro millones, que puede situar el déficit público cerca del 10% y contraer el PIB en más del 3%, está revelando, además, las insuficiencias del liderazgo político en España. Desde que en agosto de 2007 -pronto hará dos años- se manifestaron los primeros signos de la que ya pasa por ser una de las mayores recesiones de la historia, los líderes y los partidos han trasmitido la impresión de que se preocupan más por encontrar los flancos electorales del adversario que por tomar la iniciativa para paliar la dura realidad que tiene enfrente el país. La campaña de las recientes elecciones europeas dio la medida de hasta qué punto unos y otros han interiorizado que la política se reduce a una lucha entre profesionales del poder, olvidando la dimensión más importante y la que la hace imprescindible: convocar la voluntad mayoritaria de los ciudadanos en torno a una estrategia dirigida a medirse con la realidad y no sólo con los restantes partidos.

El modo de gobernar que ha desarrollado Rodríguez Zapatero al frente del Ejecutivo se apoya en una paradoja. Mientras que, por un lado, ha acentuado los rasgos presidencialistas de su mandato hasta convertir el Consejo de Ministros en un simple órgano consultivo, por otro ha venido transfiriendo la responsabilidad de las decisiones más comprometidas a los expertos o a los agentes que pueden resultar afectados por ellas. Así ocurrió, entre otras, con las reformas estatutarias, y así está volviendo a suceder ahora con ocasión del pacto social entre patronal y sindicatos. El papel del Gobierno no puede limitarse a instar el acuerdo, sino que está obligado a adoptar un papel activo y a presentar las líneas maestras sobre las que debe discurrir la negociación. Lo contrario equivale a eternizar las conversaciones, poniéndolas en riesgo. De paso, convierte al Gobierno en una institución subsidiaria de la patronal y los sindicatos, sólo encargada de sancionar los acuerdos que puedan alcanzar.

Pero tampoco la oposición se ha mostrado dispuesta a asumir la cuota de responsabilidad que le corresponde. Frente a la crisis, el Partido Popular se ha instalado en un discurso que reposa en la predicción catastrófica y que repite como un mantra la necesidad de regresar a las políticas que aplicó desde el Gobierno. Ni la gravedad de la situación interna e internacional es comparable a la que vivía España en 1996 ni las recetas de entonces sirven ahora. Entre otras razones porque fueron esas recetas las que sentaron en gran medida las bases de las actuales dificultades y porque en estos momentos el principal problema de la economía española no es la inflación, sino la sombra de la deflación. Y también porque volver a las recetas de 1996 supondría alejar a nuestro país del consenso fraguado entre las principales economías del mundo para hacer frente a la crisis, obligándonos a una incierta travesía en solitario.

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