Un paso más
De acuerdo con la información publicada esta misma semana, los abortos a cargo de la red pública de la sanidad que se practican en España no llegan al 30% en tanto que los que se practican en otros países de la Unión Europea, como Francia, Reino Unido o Italia, oscilan entre el 70% y más del 90%.
La discriminación de las mujeres españolas respecto de sus conciudadanas europeas no puede ser más llamativa y más intolerable. Es, además, impropia de un país, como España, que, como ha puesto de manifiesto con la ley por la que se aprobó el matrimonio entre individuos del mismo sexo, no es en este terreno lo que fue antes de constituirse democráticamente. En realidad, con el mandato contenido en el artículo 9.2 de la Constitución a los poderes públicos para que promuevan las condiciones que hagan posible la igualdad real y efectiva, ese bajísimo porcentaje de abortos practicados en la sanidad pública tendría que haberse corregido hace ya mucho tiempo.
En todo caso, no debería perderse ni un minuto en empezar a corregirlo. Y en esta tarea es mucho el margen del que disponen las comunidades autónomas para hacerlo. Y sin necesidad de introducir ningún tipo de novedad normativa, sino simplemente fomentando una política sanitaria que ayudara a remover los obstáculos que todavía por inercia se mantienen.
Andalucía está siendo pionera en muchas iniciativas en el terreno de la salud. Hemos sido pioneros en investigación con células madres, tenemos en Málaga el centro público más destacado del país en operaciones de cambio de sexo o acabamos de aprobar el primer proyecto de ley para garantizar una muerte digna, que ya está siendo estudiado por otras comunidades autónomas, como Asturias o Cataluña con la finalidad de hacer lo propio.
Sería extraordinariamente importante que, también en este terreno de la interrupción del embarazo, la Consejería de Salud diera el paso de incentivar de la manera que se considerara oportuna dicha práctica en la sanidad pública. No solamente sería una medida que beneficiaría a las mujeres andaluzas, y a las mujeres que más lo necesitan, sino que, posiblemente, tendría una incidencia positiva para las mujeres de las demás comunidades autónomas.
Para poder hacer políticas de este tipo es para lo que sirve el reconocimiento del derecho a la autonomía. Tanto en el sentido que permite hacer visible lo importante que es tener un tipo de gobierno u otro, como también en el sentido de que permite trasladar experiencias que se han ensayado en unos territorios a otros.
Obviamente, no se trata de obligar a nadie a que haga lo que no quiere hacer, pero sí de crear un ambiente en el que en el que se practique con normalidad lo que en todos los demás países de la Unión Europea se practica con normalidad. La cifra tan baja de abortos practicada en la sanidad pública española debería ser vivida como una vergüenza por los profesionales de la sanidad pública. No es algo de lo que nadie pueda sentirse orgulloso, sino todo lo contrario. Es una discriminación de las personas más desfavorecidas de la sociedad.
Y los responsables políticos de la prestación del servicio de salud pública son los primeros que tendrían que sentirse avergonzados de esos porcentajes y poner todos los medios posibles a su alcance para remediarlo. Se han hecho cosas mucho más difíciles, que han sido perfectamente entendidas por la ciudadanía. Esta también lo sería. La sociedad española en general y andaluza en particular está de sobra preparada para aceptar la acción positiva de las autoridades en este terreno. Es una obligación cuyo cumplimiento se ha postergado durante demasiado tiempo.
