El pasado 26 de enero tuve un incidente con un alumno del instituto en el que imparto clase. Tras llamarle la atención por mofarse de mi apellido, se me encaró y me amenazó con decírselo a su padre para que me diera dos hostias. El centro le expulsó dos semanas y su madre, enojada por ello, me denunció en comisaría por agresión a su hijo. Ante mi sorpresa, dicha denuncia sin pruebas terminó en un juicio de faltas.

Mi abogada, puesta a mi disposición por la Consejería de Educación, me dijo que desgraciadamente las denuncias contra profesores estaban a la orden del día y que me limitara a buscar la absolución. Sin embargo, decidí a a su vez interponer una denuncia contra la madre por denuncia falsa. El 9 de junio fue el juicio, al que ni siquiera se presentó. La juez accedió a mi demanda y la multó con 400 euros porque entendió que su denuncia había sido una vejación contra mi persona.

Con este precedente animo a distintos colectivos de funcionarios especialmente expuestos a estas situaciones a no limitarse a defenderse y a denunciar a aquellas personas que se aprovechan de la gratuidad y facilidad con que se puede denunciar, aunque sea falsamente, en nuestro sistema judicial.