Piratas
El próximo 6 de julio el juez Steven Merryday examinará la propuesta formulada por el juez de Tampa (Florida) Marck Pizzo para darle la razón a España en el caso del Estado español versus Odyssey, si empleamos la terminología al uso en EE UU. Es decir, el pleito interpuesto por España contra la empresa cazatesoros que saqueó el pecio del Nuestra Señora de las Mercedes a menos de 200 millas de la costa española, según reconoce el juez Pizzo, es decir, dentro de la zona marítima que la ley reconoce como espacio económico español.
El juez determina en su propuesta varias cosas: el sitio donde esta el pecio (aguas españolas), el barco hundido (que siempre negó la empresa Odyssey) y la naturaleza del barco (un buque de guerra de pabellón español). Al determinar estas cuestiones no queda ninguna duda que las convenciones internacionales y el derecho marítimo establecen que el propietario del barco y su carga es el Estado español. Hasta ahora una victoria en toda regla aunque pendiente de confirmación por el juez Merryday. La segunda de idénticas características del abogado James Goold, contratado por la embajada de España en Washington para este caso y que ya ganó en el Tribunal Supremo el caso de El Juno y La Galga.
Este caso tuvo como litigante a la empresa Sea Hunt de Ben Benson que pretendía extraer el contenido de los pecios de estos dos buques españoles hundidos en Tom's Cove, Assateague (Virginia), en diferentes momentos cuando iban cargados desde Veracruz y La Habana a Cádiz con bastantes mercaderías. El asunto llegó al Supremo que determinó que el Estado español es su legítimo propietario. Estos barcos dieron origen a la leyenda de los ponis salvajes que viven en las playas de la zona, Parque Nacional estadounidense y que sirven de hilo conductor a la película de Richard Gere Noches de tormenta. El Convenio de Montego Bay, de 1982, para los derechos del mar y todas las resoluciones de la Unesco y de la ONU para la protección del patrimonio subacuático establecen que todos los restos de barcos hundidos que se pueda determinar que sean propiedad de un estado soberano tienen la protección de la bandera de ese estado y continúan bajo su dominio. Se trataba de poner coto a las multitud de buscadores de fortunas que, provistos primero de unas gafas y unas aletas y luego de la más moderna tecnología, pretendían saquear los mares del mundo al reclamo de fabulosos tesoros.
Un caso paradigmático es el de Mel Fisher, que en 1985 pudo extraer el oro y las esmeraldas del Nuestra Señora de Atocha y el Santa Margarita , dos buques españoles hundidos en el canal de Las Bahamas, frente a las costas de Florida. En Cayo Hueso se puede visitar el Museo del Nuestra Señora de Atocha donde siguen a la venta doblones españoles de oro. La perseverancia de Mel Fisher y la dejadez de España permitieron esa hazaña que hizo millonario al desaparecido cazatesoros y ha fomentado la fantasía de tantos otros.
España no ha demostrado el suficiente celo en la protección de su rico patrimonio subacuático en las últimas décadas, una parte hundido en sus propias aguas y otra dispersa por medio mundo fruto de tormentas, piratas y escuadras enemigas. Es posible que España consiga la devolución de las 500 mil monedas del Nuestra Señora de las Mercedes, que terminarán en Madrid o Cartagena en unos baúles a la espera de dinero y tiempo para su estudio o exhibición, mientras los expoliadores siguen actuando a su antojo. Es preciso señalar la actuación de las autoridades de Gibraltar que permitieron actuar en sus muelles a los barcos de la empresa Odyssey sin aparente control.
Consintieron que desembarcara un fabuloso tesoro, que lo metieran en un avión y lo llevaran a EE UU. Es complicado que Peter Caruana pretenda un reconocimiento para su gobierno si permiten que expoliadores y piratas actúen con impunidad en su territorio como lo hacen empresas fantasmas y blanqueadores de dinero.
