Los trabajadores de Iveco-Pegaso se han cansado de que la Comunidad de Madrid maree la perdiz. Quieren que se arremangue. Les sobran los motivos, a juzgar por la actitud que el Ejecutivo de Esperanza Aguirre mantiene desde que la filial de Fiat anunció, a finales de abril, el despido de un millar de trabajadores, más de un tercio de la plantilla. No hay ni rastro de la mesa de negociación tripartita (Gobierno, Comunidad y sindicatos) anunciada hace un mes. En lugar de eso, la consejera de Empleo, Paloma Adrados, manda la pelota al tejado del ministro de Industria, Miguel Sebastián, a quien exige "que se implique en el conflicto de Iveco como lo hizo con Seat en Cataluña". Y con Volkswagen en Navarra, Renault en Valladolid u Opel en Figueruelas, entre otras.

Existe, sin embargo, una diferencia sustancial entre los casos citados y el de Madrid: la intervención decidida de los Gobiernos regionales -sin excepción alguna-, conscientes de la importancia que el sector del automóvil tiene en el tejido industrial de sus territorios y para la recuperación económica. Aragón está dispuesta a avalar nuevas inversiones de la semiescindida filial de General Motors. Tomás Villanueva, vicepresidente económico de Castilla y León (PP), está poniendo toda la carne en el asador para mantener activas sus factorías. Y el tripartito catalán se ha partido la cara para que Volkswagen asigne productos a Seat y para que Nissan siga apostando por Barcelona. Madrid ha perdido ya dos plantas: Renault Trucks (Volvo) y una de motores de Nissan.

Salvo el de Esperanza Aguirre, todos los Ejecutivos autónomos trabajan codo con codo con el Gobierno, los sindicatos y las propias empresas. Incluso para gestionar los ajustes de empleo.

El problema de Iveco no es común al resto. Las ventas y la producción de vehículos industriales no se han frenado, como los turismos; se han estrellado (-80%). Su crisis no es de consumo, sino industrial. Mucho más profunda. Y la de camiones es una división que importa poco al consejero delegado de Fiat, Sergio Marchione, absorto en la compra de Chrysler y Opel.

Sebastián y Aguirre deben darse la mano y plantear a Iveco una solución consensuada con los sindicatos, que podría pasar por una suspensión temporal de empleo o medidas similares, como bajas incentivadas con compromiso de reingreso. Por ejemplo.