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COLUMNA

La crisis que aún no llegó

La crisis económica ha tenido consecuencias rápidas y muy negativas sobre el empleo, el paro, los beneficios empresariales o el consumo de las familias. Es verdad que la crisis no se sufre con la misma intensidad en todas partes. Por ejemplo, la tasa de paro en la provincia de Ourense, un 8%, es la más baja de España y tres veces inferior a la de Andalucía. Pero todos podemos sentirla.

No obstante, hay otra crisis que los ciudadanos todavía no perciben, pero que es igualmente preocupante. Me refiero a las consecuencias de la abrupta caída de ingresos de las administraciones públicas sobre los servicios públicos. De todas ellas. Cuando ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y administración central prepararon sus presupuestos para 2009, no éramos conscientes de la virulencia de la crisis y sus devastadores efectos sobre los ingresos. En general, se presupuestó suponiendo una caída moderada de los ingresos. La realidad muestra que la recaudación tributaria va muy mal desde el último trimestre de 2008, que no va a ser posible cubrir con ingresos ordinarios el gasto previsto para 2009 y que la recaudación tributaria en 2010 posiblemente continúe reduciéndose en términos nominales.

En una situación tan extraordinaria, Gobierno y oposición deberían actuar con mutua lealtad

Es verdad que la deuda pública de las administraciones públicas españolas disminuyó muy significativamente gracias al ciclo expansivo que vivimos desde 1995. Pero el margen de recurrir al endeudamiento no es ilimitado y necesariamente se van a producir recortes en programas de gasto. Recortes que redundarán sobre los servicios públicos estatales, autonómicos y locales: sanidad, educación, servicios sociales, cultura... En ese sentido y anticipándonos a lo que puede empezar a ocurrir, me atrevo a sugerir algunas ideas pensando en el caso gallego.

Primero, sería bueno que Gobierno y oposición actuaran de forma responsable y mutuamente leal en una situación extraordinaria como la actual. Me temo que no vamos por el buen camino. Porque si el Gobierno entrante pone el acento en criticar la falta de previsión y responsabilidad del anterior, sin mirar lo que ha ocurrido en el resto de comunidades autónomas, la oposición se sentirá legitimada para enjuiciar de forma sesgada y partidista los datos negativos sobre listas de espera sanitarias, financiación universitaria, empleo o déficit público, que van a ser la norma en los próximos meses. Una solución razonable sería que las críticas y desencuentros se ciñesen sólo a aquello en lo que, comparativamente con la media de las comunidades autónomas, la evolución de Galicia destaque en negativo. En el resto de los casos, lealtad mutua y colaboración.

Segundo, hay que concentrarse en los servicios autonómicos fundamentales, lo que significa proteger, sobre todo, la sanidad y la educación. Los recortes más sustanciales deben operarse en otras áreas o afectar a partidas de gasto sanitario y educativo sin incidencia significativa en la calidad de esos servicios. El Gobierno actual está condenado a navegar en una legislatura extraordinariamente difícil desde un punto de vista financiero, en la que los proyectos estrella y los méritos que se expongan en la campaña electoral de 2013 van a tener que ser proyectos de bajo coste y mucha imaginación e inteligencia.

Tercero, las medidas fiscales que suponen transferir recursos al sector privado vía rebajas impositivas o subvenciones directas y que no se autofinancien deben ser aplazadas. Autofinanciación significa que la ayuda o desgravación garantice la realización de un gasto que a su vez genera recaudación fiscal para las arcas gallegas. Un ejemplo puede ser la ayuda fiscal a la adquisición de vehículos. El coste del programa va a ser inferior a lo que la Xunta de Galicia ingresará por el impuesto de matriculación y el incremento del IVA derivados de la venta de vehículos. No ocurriría lo mismo con la rebaja del IRPF o del impuesto sobre sucesiones.

Cuarto, la Administración central debe potenciar ya el sistema de financiación de las comunidades de régimen común y aceptar la expansión del déficit autonómico de forma transitoria. En este sentido, la Xunta no debería admitir la definición de los objetivos de endeudamiento autonómico en función del PIB regional. No sería ni justo ni razonable.

* Este articulo apareció en la edición impresa del Sábado, 30 de mayo de 2009