Los agentes forestales del Gobierno de Aragón "sabotean" a las investigaciones de la fiscalía de Medio Ambiente; la Generalitat catalana mantiene "tensión" con la fiscalía de Tarragona y el Consejo de Seguridad Nuclear "ha puesto dificultades" a su investigación sobre la fuga radiactiva de Ascó. No son los únicos casos, pero sí los más llamativos, que revela la memoria anual de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, que coordina Antonio Vercher, y que destaca que las condenas por delito ecológico crecieran en 2008 un 22%.

La Junta andaluza no denuncia extracciones ilegales de agua junto a Doñana, pese a que se le ha requerido, y la Junta de Castilla y León replica "vuelva usted mañana" cuando el fiscal le pide informes. De los 264 ayuntamientos de Valencia a los que pidió datos de construcciones en suelo rústico, sólo 98 contestaron y 40 dijeron que no había infracciones, lo que indica "una absoluta dejación de funciones".