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jueves, 26 de marzo de 2009

87 municipios ignoran a la Fiscalía y no declaran las casas ilegales

87 municipios valencianos no han respondido al requerimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente de Valencia para que den cuenta de las construcciones ilegales que tienen en su territorio. Hace cinco meses que la sección de Medio Ambiente, con el auspicio de la fiscal jefe, solicitó por escrito a los secretarios de los ayuntamientos que dieran cuenta de los expedientes abiertos por irregularidades en la edificación de viviendas en terreno mo urbanizable. El goteo de datos ha sido progresivo pero de los 268 municipios casi un 20% no ha respondido a esa petición de información.

La Fiscalía se propone que no se dejen a merced de la prescripción -y por tanto del archivo obligado- los expedientes que deben de abrir los consistorios cuando tengan conocimiento de la construcción de viviendas en terreno no urbanizable. En solo un mes, la campaña permitió conocer 775 expedientes por irregularidades urbanísticas. De ellos, no todos acabarán en denuncia penal. La mayoría, en sanción administrativa. Esa cifra ha superado con mucho los más de 1.300.

Un dato fue revelador para la Fiscalía de Valencia: en 2008, sólo hubo 51 denuncias procedentes de 11 ayuntamientos. Los expedientes sancionadores que se han ido conociendo desvelan una realidad de irregularidades extendida. Inicialmente, sólo 20 municipios reconocieron haber actuado contra las construcciones ilegales: Albalat dels Tarongers, Alfafar, Alfauir, Bellús, Benicull del Xúquer, Bétera, Canals, Catarroja, Cortes de Pallás, Enguera, Godelleta, L'Alcúdia de Crespins, Llíria, Massalfassar, Paiporta, Paterna, Petrés, Quatretonda y Riola.

Más significativos son los casos de quienes han referido a la Fiscalía numerosos casos ante los que no ha actuado entre 2005 y 2008: Benicull del Xúquer (73 expedientes), Bétera (194), Canals (103) o Godelleta (220).

Los datos remitidos sirven para que la Fiscalía tenga ahora conocimiento de irregularidades cometidas y no superadas en Cullera, en Gandia, en Zarra, en Llíria, en Massamagrell o en El Puig. Detrás del cúmulo de expedientes está sin duda el abandono de los concejales de urbanismo ante un hecho manifiestamente irregular que precisa de una acción directa por parte de los ayuntamientos. Son los consistorios quienes deben velar por el cumplimiento de la legalidad y por la sanción en el caso de incumplimiento.

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