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miércoles, 11 de marzo de 2009
El espionaje en la Comunidad de Madrid

Información reservada y parcial

En la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid trabajan 40 personas. Pero Francisco Granados, consejero de Interior, encargó una "información reservada" para aclarar lo ocurrido que se limitaba a hacer dos preguntas a 10 trabajadores: si habían hecho espionajes y si tenían algo que decir. Los diez son personal de confianza, sin plaza fija (dependen de la voluntad del jefe que los nombró). Todos contestaron con un monosílabo: "No".

Sólo cuando EL PAÍS publicó las conclusiones de dos peritos calígrafos, la consejería hizo las dos preguntas al agente José Manuel Pinto -este sí con plaza fija- que, supuestamente, había escrito los partes, según el informe grafológico. La investigación oficial de Granados, sin aportar ni un dato, concluyó que no se habían pagado dietas, horas extra o cosas similares para el espionaje. No señaló cómo concluía que las horas extra, dietas y cosas similares pagadas en la Dirección General no habían sido para esas labores.

Para rematar su investigación parcial, Granados encargó un informe grafológico. Uno solo, no dos como hizo EL PAÍS para que hubiera contraste. Y, para hacer ese informe, Granados usó fotocopias de este periódico y no escritos oficiales con la letra de Pinto. Los peritos señalan que para hacer un trabajo en condiciones necesitan documentos originales. Así pueden comprobar incluso la presión ejercida por la mano para escribir determinadas letras.

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