Alcaucín, otro caso que se veía venir

Unos jóvenes sudamericanos jugando al futbito en las pistas municipales es la única actividad aparente en Alcaucín una semana después de que el nombre del pueblo abriera todos los informativos por la detención de su alcalde, José Manuel Martín Alba. El pasado viernes, el silencio y los gatos se habían adueñado de sus calles estrechas y empinadas, las mismas calles que el viernes anterior habían sido tomadas por un ejército de guardias civiles, periodistas y vecinos que se negaban a creer que su querido Pepe Calayo, que tanto trabajo había traído al pueblo, fuera un corrupto.

Con la perspectiva que dan siete días y unas cuantas informaciones periodísticas -entre ellas la de que Martín escondía 160.000 euros bajo su colchón- la fe de los vecinos en la probidad del ya ex alcalde comienza a resquebrajarse. Lo que no ha sufrido ni una grieta es el cariño que sienten por él, pese a saber que ahora duerme en el módulo 10 de la prisión de Alhaurín de la Torre. "Seguramente habrá hecho algo, no sabemos qué, pero Pepe es una buena persona", sentencia un vecino en el bar.

Los compradores de viviendas se unen para luchar por que se legalicen

"Se ha dejado engañar por los promotores", opina otro. Todos dedican palabras gruesas para su compañero de cárcel, el jefe del servicio de Arquitectura de la Diputación de Málaga, José Mora, Chiqui, a quien consideran, sin entrar en detalles, culpable del triste destino del regidor. Eso sí, todo el mundo reconoce ya abiertamente que la operación Arcos -traducción al castellano del árabe Al-caucín- "se veía venir".

Junto a la pista de deportes, una urbanización de 60 viviendas permanece parada. Así están todas las construcciones del pueblo, muchas de las cuales son bloques de pisos. El paro ha hecho presa de los habitantes de la comarca, que hace una década abandonaron masivamente los olivares y las viñas para lanzarse a alicatar el paisaje de La Axarquía de la mano de unos alcaldes que no supieron, o no quisieron, evitarlo. Ahora, entre 10.000 y 21.468 viviendas irregulares ocupan el suelo rústico de los 29 municipios más Rincón de la Victoria y Totalán.

El arresto de Pepe Calayo ha sembrado de inquietud a los residentes. "El pueblo tardará años en recuperarse de esto", afirman los parroquianos del bar. También están temerosos los alcaldes de los pueblos limítrofes. José Manuel Aranda (PSOE), regidor de Canillas de Aceituno, donde la Fiscalía y los juzgados han abierto al menos seis diligencias de investigación por supuestos delitos urbanísticos, se confiesa "deprimido" y dice llevar "dos o tres noches" sin dormir. "Tenemos parados por un tubo, no hay día en que no venga alguien a pedir trabajo al Ayuntamiento. Con el kilo de aceituna a 25 céntimos, ¿para qué sirve La Axarquía, para criar camaleones?", se indigna.

Aranda reconoce que "urbanísticamente" los alcaldes de la comarca han caminado "por el filo de la navaja de la legalidad" y culpa de la situación a la Junta de Andalucía "por emitir informes no vinculantes". "Que miren mis cuentas si quieren", desafía. En Canillas se ha pasado de una inmobiliaria a 30 en sólo siete años.

Muchos de quienes vendieron sus terrenos a promotores adquirieron casas en la costa, en Vélez-Málaga o en la capital. Otros, como Javier, permutaron los terrenos donde tenían sus negocios de hostelería a cambio de pisos en las futuras promociones y con la crisis se quedaron sin pisos y sin negocio. Ahora trata de malvender su todoterreno y sobrevive con una pequeña tienda en la que comercia, entre otras cosas, con las sillas de su perdido restaurante.

Otro colectivo que teme por su propiedad son los miembros de SOHA, una asociación creada por residentes extranjeros para reclamar la legalización de sus viviendas en La Axarquía y evitar las posibles demoliciones. "Los propietarios somos los únicos que hemos cumplido las normas y pagado religiosamente, mientras inmobiliarias, alcaldes, abogados y notarios se saltaban la ley", recuerda su portavoz, Gary Miles, un jubilado londinense de 51 años. "Más que los alcaldes vayan a la cárcel nos importa poder confiar en el sistema", remacha Philip Smalley, de 62 años, y secretario de SOHA. Ambos alaban "el sentido común" y la "profesionalidad" del nuevo consejero de Vivienda de la Junta, Juan Espadas, quien les ha "asegurado por escrito" que la mayoría de las viviendas se regularizarán.