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La Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, ha convertido a Omar al Bashir, presidente de Sudán, en un proscrito de la justicia al ordenar su arresto por crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en la región de Darfur, al oeste del país.
El general Omar al Bashir, nacido en 1944 en una familia de ganaderos, es el hombre de las tres caras. Ha sabido jugar la baza militar, la islamista y la de una cierta apertura al exterior cuando le ha convenido. La decisión del tribunal le llega cuando interpretaba con relativo éxito el último de estos papeles tras permitir a regañadientes el despliegue, muy condicionado, de una fuerza africana de paz.
Barack Obama no ha conseguido aún que las simpatías que despierta entre la opinión pública se traduzcan en confianza por parte de los inversores a sus decisiones de gobierno. Aunque su popularidad crece en las encuestas, las dudas sobre su plan económico se extienden por Wall Street y los corredores de Washington, donde incluso demócratas moderados le están ofreciendo resistencia.
Espera impaciente el presidente palestino, Mahmud Abbas, un vuelco en la política estadounidense, olvidado ya el mandato de George Bush, proclive invariablemente a las tesis israelíes. No ha llegado la hora de la presión de la Casa Blanca sobre Israel. Debe aguardarse a la formación del Gobierno que forja el líder del Likud, Benjamín Netanyahu.
El Servicio de Seguridad de Ucrania, dependiente del presidente Víktor Yúshenko, realizó ayer un registro en la sede de la empresa estatal de gas Naftogaz y se incautó de numerosos documentos en el marco de una investigación para determinar dónde fue a parar el dinero del gas que Rusia bombeó a Europa pero que nunca llegó a su destino.
Al menos 20 personas (18 presos y dos policías) murieron ayer en un enfrentamiento entre bandas rivales en la cárcel de alta seguridad de Ciudad Juárez, en el Estado mexicano de Chihuahua. La trifulca, en la que se utilizaron armas de fuego, se inició en el módulo de un grupo dedicado a la venta de drogas.
La crisis y las elecciones legislativas de octubre, que se anuncian muy reñidas, han evitado, al menos por el momento, un nuevo choque entre el Gobierno argentino y el campo. Las poderosas asociaciones agropecuarias anunciaron en la noche del martes un acuerdo, conseguido tras siete meses de diálogo de sordos, en el que ha jugado un papel directo la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
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