Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra
LA COLUMNA | OPINIÓN

Dimitir o no dimitir

La dimisión de Bermejo ha vuelto a poner de actualidad una pregunta: ¿por qué casi siempre es la gente de izquierdas la que dimite? ¿Por qué la derecha española es mucho más reacia a sacrificar cabezas que la izquierda? Probablemente, la pregunta no tenga una sola respuesta. Pero tengo la sensación de que hay un factor determinante: el electorado de la derecha tolera mejor que el electorado de la izquierda los abusos de poder o las corrupciones. Hay datos que corroboran esta idea. Y no me limitaré a poner el ejemplo más fácil: el caso Fabra, prueba inequívoca de que la cultura de la familia, el municipio y el sindicato (vertical, por supuesto) sigue muy extendida en la derecha social española. Es interesante comparar los resultados de las elecciones municipales en España. Con algunas excepciones, hay una regla que se repite: en municipios gobernados por la derecha que durante la legislatura han protagonizado algún caso de corrupción, la derecha vuelve a ganar y a menudo sube. Si el problema de corrupción ha afectado a un gobierno de izquierdas, pierde la alcaldía y sufre un alto castigo electoral. Con este colchón de confianza -aunque sea confianza cínica-, los líderes de la derecha tienen tiempo para pensar si dimiten o no.

Mariano Rajoy ocupa este tiempo confortando a los suyos con la eterna teoría de la conspiración, que sigue siendo rojo-separatista. Cuando la derecha se excita, cuando se siente atacada, siempre vuelve a los fundamentos: hay una campaña sistemática de la izquierda para cargarse al PP y hay una estrategia deliberada para destrozar España. El triunfo de Rajoy en el Congreso de Valencia parecía indicar una modernización de la derecha que destruiría para siempre su viejo arsenal de tópicos. Pues no. Ha bastado un envite judicial serio para que volvieran al argumentario reactivo de siempre.

El aprendizaje democrático de la derecha es más lento de lo que parecía previsible. Cuesta soltar el lastre de la tradición y de la historia. La derecha española, por lo civil o por lo militar, ha estado acostumbrada a gobernar siempre. Y sigue viviendo los periodos de gobierno de la izquierda como una usurpación, como una anomalía. Este sentimiento acumulado a lo largo de los años está inscrito en los memes de una gran parte de su electorado. Por eso, los escándalos pasan y las dimisiones, en la derecha, son cosa de los subalternos más pringados. Las cacerías de Bermejo le han costado su puesto merecidamente. Las de algunos altos dirigentes del PP con el anterior presidente del Consejo General del Poder Judicial no tuvieron ningún coste para nadie. Y no parece tampoco muy estético que el señor De la Rosa, del CGPJ, visite a Camps después de la implicación de éste en la trama.

Una dimisión es algo más que la sustitución de una persona que se ha equivocado. Es un rito para recuperar los equilibrios sociales. Bermejo tuvo que dimitir por tres razones. La estética: la inoportunidad de la cacería con Garzón y de la cacería en sí misma; la política: fue nombrado para reformar la justicia y no supo evitar la primera huelga de jueces, y la jurídica: un ministro de Justicia no puede olvidar que el desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento. La dimisión de Bermejo era la reparación necesaria que la ciudadanía merecía para restaurar la dignidad institucional. Y al mismo tiempo ponía en evidencia la estrategia del PP, que ha actuado como el acusado que, conocedor de los hechos, pide a su abogado que le saque del apuro con tretas formales y recusaciones para que no se entre en el meollo del asunto. Un partido político tiene una obligación: esclarecer y limpiar. El PP ha optado por ensuciar y ocultar. Rajoy sabe que su electorado tiene manga ancha para la corrupción y, en cambio, se cohesiona cuando la política se convierte en lucha sin cuartel entre el amigo y el enemigo.

El problema para Rajoy es que parece haberse olvidado de que estamos en una delicada coyuntura económica y social. Desde que las denuncias de Garzón provocaron el ataque de nervios en el PP, éste ha perdido por completo el sentido de la jerarquización de los problemas. La cacería resulta ser para el PP un motivo mayor de crítica al Gobierno que la huelga de jueces; descabalgar a Garzón pasa por delante de la crisis económica en la campaña electoral de Rajoy. Con esta oposición no es extraño que el Gobierno, en plena crisis, tenga tan poco desgaste. -

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 1 de marzo de 2009