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María José García Pelayo / JARO MUÑOZ
La ex alcaldesa de Jerez María José García Pelayo (PP) desoyó hasta dos advertencias de la intervención municipal sobre la adjudicación de contratos públicos a dos de las empresas implicadas en la trama de corrupción que investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
Los 57.310 parados de la ciudad de Málaga, 15.000 más que hace un año, tuvieron ayer una ocasión de distraerse con la batalla dialéctica que representaron sus políticos en el Pleno municipal y en la que la principal arma -por supuesto arrojadiza- fueron los altos cargos y el personal de confianza que cada partido ha colocado y mantiene en las instituciones públicas.
El jurado popular declaró ayer por unanimidad culpables de malversación de fondos públicos y falsedad documental a José Marín -ex secretario del distrito Macarena de Sevilla capital, del PSOE- y al contratista José Pardo por entender que no se ejecutaron obras que sí se pagaron.
Desde que se inició la legislatura, en las semanas alternas de la sesión de control al Gobierno en el Parlamento, Manuel Chaves y Javier Arenas han cumplido puntualmente con el ritual de enredarse en el ovillo de los datos del desempleo. Ayer lo volvieron a hacer, pero esta vez el socialista acusó directamente al popular de buscar únicamente un ardid electoral.
Cajasol obtuvo en 2008 un beneficio después de impuestos de 160 millones de euros, un 19% menos que en el ejercicio anterior. Un resultado que responde a las fuertes dotaciones y provisiones realizadas por valor de 250 millones de euros, un importe superior al 100%.
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