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viernes, 20 de febrero de 2009
Editorial:

Indicios contra Camps

La dirección del PP no puede seguir eludiendo responsabilidades por la trama de corrupción

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que el juez Garzón se inhiba en el caso de la trama de corrupción que afecta al Partido Popular de Madrid y Valencia, por alcanzar a aforados de ambas comunidades. Entre ellos está el presidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps. En los próximos días, el sumario pasará desde la Audiencia Nacional a los respectivos Tribunales Superiores de Justicia. Con este nuevo paso judicial, la dirección de los populares no puede seguir alegando la existencia de un proceso general contra su partido, puesto que las imputaciones y los hechos están delimitados. También dejan de tener sentido las acusaciones de parcialidad contra el juez Garzón y las insinuaciones contra otros partidos. A falta de respuestas políticas menos vistosas pero sí más consecuentes, la escenificación del cierre de filas en la insólita fotografía de la semana pasada ha empezado a volverse contra el Partido Popular.

La reacción de Camps a su presunta implicación en la trama de corrupción dirigida por Francisco Correa ha oscilado entre la amenaza de emprender acciones judiciales y la exhibición de sus victorias electorales como exculpación. Finge ignorar el presidente valenciano que sus posibles conexiones con la trama no son fruto de una información periodística, sino que están recogidas en un documento de la fiscalía y forman parte de un proceso por corrupción en el que tal vez tenga que acabar compareciendo. También parece olvidar que las victorias electorales no dicen nada sobre la culpabilidad o la inocencia de personas que pudieran estar implicadas en delitos. Camps gobierna en Valencia porque ganó las elecciones, pero es absurdo pretender que eso le exima de responder ante los jueces y, también, de ofrecer explicaciones a los ciudadanos.

Su caso, con todo, no es el único que salpica al Partido Popular en la Comunidad Valenciana. El consejero de Gobernación, Serafín Castellano, adjudicó directamente contratos a una empresa constructora propiedad de una empleada del Grupo Popular de las Cortes Valencianas a la que él mismo ofreció el puesto. Aunque el procedimiento seguido por el consejero era legal en cuanto a la cuantía de los contratos, caben dudas acerca de si no habría actuado en fraude de ley fraccionando artificialmente las obras adjudicadas a la empresa. Como también resulta difícil de explicar que el consejero no se inhibiera en el proceso de adjudicación, dadas las relaciones que le unen a la propietaria de la empresa beneficiaria.

La dirección nacional del Partido Popular no puede seguir eludiendo las decisiones para atajar un entramado de corrupción en el que varios altos cargos están ya imputados por la justicia, y otros podrían acabar estándolo. La estrategia de salvar la unidad del partido a costa de negar la trascendencia de las iniciativas judiciales en curso no sólo está condenada al fracaso, sino que resulta incompatible con la responsabilidad que corresponde al principal partido de la oposición.

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