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La finca de Castellano y la esposa de Taroncher alberga un 'parany'

El Tribunal Supremo declaró ilegal en 2005 el sistema de caza

Serafín Castellano, consejero de Gobernación y responsable de seguridad ciudadana en la Comunidad Valenciana, presume de su amistad con José Miguel Pérez Taroncher. La esposa de Castellano, Nuria Rioja, con la que el consejero comparte bienes gananciales, y la esposa de Taroncher, María Ángeles González, comparten la propiedad de una finca en el término municipal de Llíria desde abril de 2008 sobre cuya superficie se levanta un parany en perfectas condiciones de uso. El parany es un arte de caza declarado ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en 2002 y por el Tribunal Supremo en 2005.

El pasado 3 de noviembre, la Guardia Civil de Benaguasil intervino a Taroncher reclamos y otras artes ilegales que se utilizan para la caza del parany, una forma de caza tradicional en la Comunidad Valenciana. Taroncher sufrió una sanción administrativa.

La Guardia Civil multó al constructor por poseer artes ilegales de caza

El constructor y el consejero son habituales compañeros del juego de la pilota, otra modalidad tradicional en la Comunidad Valenciana. Vecinos de Llíria, aficionados a la práctica del parany, aseguran que el propio Castellano ha participado en alguna cacería, un extremo que este diario no pudo confirmar.

Castellano restó importancia ayer a la adjudicación de varias obras menores en la sede de su consejería a la empresa constructora de Taroncher, que está registrada a nombre de su mujer. El consejero recordó que ha sido responsable de Justicia y Administraciones Públicas durante un año y consejero de Sanidad durante otros tres, y que manejó presupuestos millonarios.

Pero la relación de Castellano con Taroncher se prolonga durante mucho tiempo. Cuando Castellano era consejero de Sanidad, entre mayo de 2000 y junio de 2003, adjudicó al menos tres concursos a la empresa Construcciones Taroncher y Asociados desde ese departamento. Se trata de las obras de la ampliación del centro de salud de Riba-roja por 227.970 euros, las obras del laboratorio de hormonas en el hospital La Fe de Valencia por 63.523 euros, ambas de 2001, y la rehabilitación de suelos y puertas en los quirófanos del hospital maternal e infantil de La Fe por 99.956 euros en 2002.

En total, durante su estancia en la consejería de Sanidad, la constructora de la que su estrecho amigo José Miguel Pérez Taroncher es apoderado resultó adjudicataria de, al menos, estos tres concursos por una suma total de 391.449 euros.

La esposa de Taroncher, María Ángeles González, trabaja como auxiliar administrativa en el Grupo parlamentario del PP desde 1996.Las adjudicaciones de Castellano adquirieron otra dimensión ayer cuando el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana publicó el contrato de los servicios de limpieza de la sede de la Consejería de Gobernación y del Centro de Coordinación de Emergencias con Limpiezas, Ajardinamientos y Servicios Seralia, SA, por 214.908 euros. El propio Castellano firma la adjudicación con fecha de noviembre pasado.

José Luis Ulibarri, uno de los imputados en la investigación abierta por el juez Garzón sobre una supuesta trama de empresas corruptas controladas por personas vinculadas al PP, es presidente y propietario de Seralia a través de la empresa contructora Begar.

No es la única adjudicación obtenida por Ulibarri de la Administración autonómica en el segmento de limpiezas. Desde 2007, Seralia ha ganado concurso de limpieza de otras siete áreas de la Generalitat.

La primera y más importante fue adjudicada en febrero de 2007 por la Consejería de Turismo por un total de 1,28 millones de euros por limpiar las dependencias de la Agencia Valenciana de Turismo durante dos años. En esa época era consejera de Turismo Milagrosa Martínez, la actual presidenta de las Cortes. Pero la adjudicación la firmó el subsecretario Carlos Alberto Precioso.

Fernando de Rosa Torner, actual vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, firmó en octubre de 2007, cuando era consejero de Justicia y Administraciones Públicas, la segunda adjudicación por importancia de la Generalitat a Seralia. Un total de 957.345 euros por los servicios de limpieza, desinfección y desratización de cuatro edificios de atención al ciudadano en Valencia, Castellón y Requena.

Bienestar Social adjudicó a Seralia la limpieza de varios centros de servicios sociales dependientes de la dirección territorial de Valencia por 242.574 euros. Agricultura también adjudicó a Seralia en junio de 2007 la limpieza de la sede de los servicios territoriales en Alicante por 135.244 euros. La Secretaría Autonómica de Deporte adjudicó a Seralia la limpieza de su sede en Valencia por 74.664 euros. Hacienda adjudicó a la empresa de Ulibarri en junio de 2007 la limpieza del centro territorial de Seguridad y Salud en el Trabajo en Alicante por 46.393 euros.

Las relaciones de Ulibarri en la Comunidad Valenciana son tan extensas que César Augusto Asencio, diputado autonómico del PP, anunció que el PP solicitará que todos los Ayuntamientos socialistas aclaren si mantienen alguna relación con alguna de las empresas vinculadas a la trama que investiga Garzón.

De momento, el grupo municipal socialista de Rocafort, localidad valenciana donde otra empresa de Ulibarri construye el PAI (Programa de Actuación Integrada) El Bovalar, solicitó ayer al alcalde, Sebastián Bosch, del PP, una copia del documento que acredite el ingreso del aval definitivo que el agente urbanizador de este PAI, Urbanite SL, debió haber depositado en el Ayuntamiento de esta localidad en mayo de 2006, y que rondaría los 900.000 euros, dijo la portavoz socialista, Amparo Sampedro. Ésta pidió también una copia del contrato o convenio entre el consistorio y la adjudicataria del plan.

Y, al margen de la trama que investiga el juez Garzón en la Audiencia Nacional, los contratos de la Consejería de Sanidad con Construcciones Taroncher se prolongaron cuando Castellano dejó de ser consejero en junio de 2005. De acuerdo con una lista del departamento de gestión económica del área de salud número 7 (la zona de asistencia correspondiente al hospital La Fe), durante el año 2005 la empresa fue adjudicataria de diez obras.

Algunas de esas obras fueron adjudicadas por tan solo 6.437 euros, como la adecuación del área administrativa de atención primaria del pabellón de gobierno. Otras por 80.780 euros, correspondiente a la reforma del bloque quirúrgico infantil, un expediente que se repite con el mismo precio, el mismo plazo de ejecución (dos meses) y el mismo número de expediente. La suma de todos estos importes es de 327.315 euros.

Además, hay otras adjudicaciones que refleja el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, cuando Serafín Castellano estaba fuera de Sanidad. Las correspondientes al año 2005 son las obras de acondicionamiento y mejora del centro de salud de Manises por 102.841 euros o la impermeabilización de la terraza de la UCI del pabellón central del hospital La Fe por 64.364 euros el mismo año. En 2006 se suman otros contratos por la reparación de la estructura del pabellón central de La Fe (91.556 euros), la remodelación y mejoras en diversos centros de salud (89.926 euros) y las obras de unificación de la farmacia del pabellón infantil y del maternal de La Fe (76.238 euros).

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 18 de febrero de 2009