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domingo, 15 de febrero de 2009
Editorial:

Cruzada contra Eluana

Los derechos de los ciudadanos no deben someterse a los fundamentalismos religiosos

Eluana Englaro fue enterrada este jueves después de que muriera el lunes tras serle suspendido el tratamiento que la mantenía en vida vegetativa desde hace 17 años. Nada hay que afecte más profundamente a los hombres que el paso de la vida a la muerte y, en el caso de Eluana, su derecho a hacerlo de manera digna ha sido obstaculizado y demonizado por el Gobierno de Silvio Berlusconi y por la Iglesia católica. Tras 11 años de lucha en los tribunales, la familia de la joven italiana consiguió la autorización de la Corte de Apelación de Milán para que se desconectara la sonda que la mantenía en estado vegetativo tras el accidente de coche que sufrió cuando tenía 19 años.

A Silvio Berlusconi, ese fallo le sirvió para poner en jaque al Estado de derecho, despreciando la sentencia del Tribunal Supremo y mostrando su falta de respeto por la Constitución, al forzar la aprobación de un decreto urgente que impidiera la desconexión de la sonda. Cuestionó la autoridad del presidente Giorgio Napolitano, que se negó a firmar el decreto, y convocó al Senado para que debatiera esa ley que el Gobierno improvisó para que Eluana se mantuviera con vida. La Iglesia católica, por su parte, orquestó una campaña radical llena de descalificaciones e insultos a la familia de Eluana, y abiertamente rebelde contra la sentencia judicial que iba a permitirle a la joven dejar de vivir una vida sin capacidad de entender y de querer, sin libertad.

Ni leyes, ni Parlamento, ni Tribunal Supremo, ni Constitución, ni jefe del Estado: nada ha servido de freno a la cruzada ideológica que desencadenaron Berlusconi y la Iglesia contra una familia que luchó para que Eluana pudiera dejar de vivir respetando de manera escrupulosa la legalidad y evitando en todo momento la morbosa tentación de mostrar las terribles condiciones en que la joven seguía con vida.

Los avances tecnológicos permiten actualmente prolongar la vida de manera artificial durante muchos años. Las leyes deben ajustarse a esa nueva realidad cuanto antes, y establecer con extrema claridad los derechos de los ciudadanos y los protocolos que deben seguir los médicos ante situaciones tan dramáticas como las que ha vivido la familia Englaro. Es algo de lo que debería tomar muy buena nota el Gobierno español, para evitar que los excesos doctrinales de la Iglesia puedan llegar a afectar el normal funcionamiento de un Estado de derecho, como ha ocurrido de manera bochornosa en Italia.

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