La Generalitat incumple dos veces el plazo para justificar sus informes
El Gobierno no sabe cuándo podrá explicar los estudios de dudosa utilidad
Once meses después de estallar la polémica por los informes externos encargados por el Gobierno catalán, la Generalitat no sabe cuándo podrá dar una explicación de lo ocurrido. El Ejecutivo ya ha incumplido dos veces el plazo que se impuso para aclarar si tienen verdadera utilidad los informes encargados en 2007, que ascienden a más de 32 millones de euros y cuya necesidad ha sido cuestionada.
El Ejecutivo aseguró en una respuesta parlamentaria al grupo de Convergència i Unió que los datos de la auditoría externa encargada de esclarecer la polémica se tendrían el 15 de octubre, fecha que no respetó. Tampoco cumplió el compromiso posterior de finalizar la auditoría el 30 de noviembre.
El consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, anunció en junio que el Gobierno se disponía a contratar a tres empresas consultoras para analizar los polémicos informes, en los que había desde estudios preceptivos de obras hasta otros sobre la almeja brillante o el murciélago nana. El problema es que la adjudicación del trabajo no se hizo en agosto. Las empresas se comprometieron en un primer momento, y así consta en una respuesta parlamentaria, a tener lista la auditoría el 15 de octubre. En la misma respuesta, firmada por el interventor general de la Generalitat con fecha 11 de diciembre de 2008, ya se dice que el plazo no pudo cumplirse por ser agosto "periodo vacacional". Las empresas se comprometieron entonces, según la Generalitat, a tenerlo listo el 30 de noviembre. Tampoco pudo ser. "Las empresas nos pidieron un mes más de plazo para garantizar la buena calidad de los informes", dijo ayer una portavoz del Departamento de Economía, del que depende la Intervención General de la Generalitat.
Sea como sea, ayer, 5 de febrero, el Gobierno catalán no había hecho públicas las auditorías. ¿Las consultoras las han entregado ya a la Generalitat? No, a juzgar por lo que dijo el consejero de Economía, Antoni Castells, en el Parlament el pasado miércoles. "Cuando tengamos el informe de auditoría daremos cuenta de ello en el Parlamento", dijo Castells.
Las empresas encargadas de hacer la auditoría son Gassó Auditories, Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, y Faura Casas. Contactadas ayer por EL PAÍS, ninguna de ellas quiso dar detalles del estado de su encargo.
La oposición no es la única interesada en conocer los resultados de la auditoría externa. La Fiscalía de Barcelona también se ha interesado por este trabajo y así se lo ha hecho saber al Gobierno catalán. El fiscal también investiga si el gasto del Gobierno en informes externos es excesivo y si los documentos que se encargaron y pagaron a colaboradores externos son realmente útiles. Uno de los que se investigan es el encargado por el consejero de Agricultura, Joaquim Llena, redactado por un equipo de detectives que se dedicaron a vigilar a los cultivadores de avellana de Tarragona para fiscalizar unas subvenciones.
CiU cambia de actitud
El Gobierno tripartito no ha inaugurado, ni mucho menos, la tradición de encargar estudios externos de dudosa utilidad para los ciudadanos. Los sucesivos gobiernos de Convergència i Unió fueron prolijos en ello y, de hecho, fueron incluso denunciados ante la fiscalía por haber escondido informes pagados con dinero público que nunca fueron registrados. Algunos de estos documentos cayeron como una bomba en la federación CiU cuando fueron descubiertos en 2006.
Los gobiernos de Jordi Pujol pagaron con dinero público informes para conocer la orientación ideológica de periodistas de TV-3. Uno de ellos calificaba de "botiflera y quintacolumnista" a Àngels Barceló, así como de "antipujolista" a Salvador Alsius. CiU también pagó con dinero público informes sobre su situación electoral. De simple "tontería" calificó Jordi Pujol estas revelaciones, algo que contrasta con la actitud de los nacionalistas, ahora, con los informes del tripartito.
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