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El conflicto educativo

El Supremo desborda la objeción y examina Ciudadanía a fondo

Los magistrados debaten si los contenidos rebasan los derechos de los padres

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo prosiguió ayer sus deliberaciones en torno a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, pero desbordó el marco inicial del proceso y amplió el campo de los debates. El Pleno, integrado por 30 magistrados, determinará no sólo si es posible la objeción de conciencia a la asignatura, sino incluso si los contenidos de ésta vulneran el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, según el artículo 27.3 de la Constitución.

Según fuentes jurídicas consultadas, los magistrados han decidido utilizar la facultad que les concede el artículo 27 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de acuerdo con el cual el Supremo puede anular cualquier disposición general cuando conozca de un recurso contra un acto fundado en la ilegalidad de una norma. Así, además de la objeción de conciencia de los padres, los magistrados acordaron entrar en el fondo y examinar si la asignatura de Educación para la Ciudadanía y su incardinación en el currículo educativo es acorde o no al derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones.

Al desbordar el marco del debate y decidir ir al fondo del asunto, las posiciones se encuentran más enconadas, dado que aunque una mayoría se inclinaría a desechar la objeción de conciencia, el Pleno estaría muy dividido, casi en empate, sobre si determinados contenidos de la asignatura desbordan el marco constitucional.

En ese sentido, decidieron revisar sentencias posteriores a las que son objeto inicial de los recursos: la del Tribunal Superior de Andalucía, que reconocía el derecho de los padres a la objeción de conciencia, sin necesidad de detallar en que puntos estaban en desacuerdo con la asignatura y las del Tribunal Superior de Asturias, que desestimaron la objeción porque los padres demandantes no concretaron en que puntos estaban en desacuerdo.

En sentencias posteriores a éstas se entra a debatir sobre contenidos concretos de Educación para la Ciudadanía, por lo que el Pleno quiere tener todos los antecedentes antes de pronunciarse. Incluso, según algunas fuentes, podrían disponer y examinar libros de texto que aparentemente excedan del marco de la asignatura. Los magistrados disponen también de un extenso dossier con decenas de estudios sobre jurisprudencia internacional y sobre el tratamiento que se da a la asignatura en otros países europeos, así como de los antecedentes y documentación de todo tipo.

Al haberse extendido la cuestión inicial a un debate de fondo se ha complicado todo el asunto de tal manera que ayer ni siquiera tenían muy claro cómo iban a establecer el sistema de votación. Sin embargo, todos eran conscientes que de la forma en que se produzca ésta puede depender en buena medida el resultado, dado que los magistrados se encontraban anoche muy divididos, y el asunto muy liado.

El Pleno resolvió también que uno de los magistrados, Ricardo Enríquez, que ayer por la tarde tenía que someterse a una pequeña intervención quirúrgica programada hace tiempo, no se reincorporase ni ejerciese el voto. De haber esperado a su restablecimiento, las sesiones habrían tenido que aplazarse a la próxima semana.

Al finalizar la sesión de la mañana todos los magistrados habían intervenido en una primera ronda y tenían previsto iniciar una segunda para que intervinieran aquellos que quisieran hacer uso de la palabra. Las deliberaciones proseguirán a las diez de la mañana de hoy, por tercer día consecutivo. Los magistrados acumulan más de 15 horas de debates, cuando la cuestión inicial, según los expertos, podría haberse resuelto en un par de horas si no se hubiese convocado un pleno de 30 jueces.

Casi tres años de enfrentamiento

- 6 de abril de 2006. Se aprueba la Ley Orgánica de Educación, que incluye la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC) en 5º o 6º de primaria (10 y 11 años) y 2º o 3º de ESO.

También se introducen contenidos de Ciudadanía en Ética de 4º de ESO y Filosofía de 1º de bachillerato.

- 10 de junio de 2006. El entonces vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Antonio Cañizares, asegura que Ciudadanía "es un ataque más a la familia". Además, dice que la materia plantea "un relativismo moral y una relación instrumental entre los hombres".

- 14 de julio de 2006. El Foro Español de la Familia llama a la objeción de conciencia.

- 13 de mayo de 2007. La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, promete amparar a los objetores. El Ministerio de Educación dice que eso es ilegal, y recuerda que los niños que no la estudien suspenderán la asignatura.

- 15 de mayo de 2007. Rajoy responde a Aguirre: "La ley es la ley y hay que cumplirla, pero es una asignatura absurda que suprimiré".

- Septiembre de 2007. La materia arranca en Cataluña, Extremadura, Navarra, Aragón, Asturias, Cantabria y Andalucía.

- Octubre-noviembre de 2007. El colegio barcelonés Loreto-Abat Oliba, de ideario católico, se rebela contra Ciudadanía y ofrece una materia alternativa. El centro echa marcha atrás poco después por la posibilidad de perder la subvención pública.

- 4 de marzo de 2008. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) reconoce, por primera vez, el derecho de unos padres de Bollullos Par del Condado (Huelva) a que su hijo no curse la asignatura. Es la primera sentencia favorable a la objeción, luego vendrían otras que se han sumado a la cascada de resoluciones judiciales en ambos sentidos.

- 6 de marzo de 2008. Tras la sentencia andaluza, la Comunidad de Madrid anuncia que amparará el boicoteo y dice que espera "una avalancha".

- 14 de marzo de 2008. La Comunidad Valenciana confirma que Ciudadanía será una asignatura optativa y que se impartirá en inglés.

- Julio de 2008. Tras una sentencia favorable a la objeción en La Rioja, la Consejería de Educación de la comunidad decide eximir de cursar Ciudadanía a los alumnos que lo pidan. Eso sí, los padres deben firmar un papel en el que se hacen responsables de las consecuencias legales que ello implique.

- Septiembre de 2008. La asignatura se imparte ya en toda España. En la Comunidad Valenciana, directores, profesores y alumnos de institutos se rebelan contra los planes de Camps de impartirla en inglés y protagonizan paros y otras movilizaciones en protesta por el boicoteo de la Generalitat valenciana a la materia.

- 18 de noviembre de 2008. El consejero de Educación valenciano, Alejandro Font de Mora, anuncia que iniciará negociaciones para estudiar la posibilidad de retrasar la aplicación de la orden autonómica que obliga a impartir en inglés la asignatura.

- 17 de enero de 2009. Los promotores del boicoteo (el Foro Español de la Familia, la Fundación Universidad San Pablo CEU, Profesionales por la Ética y la Confederación Católica de Padres de Alumnos) anuncian que si el Alto Tribunal no reconoce la objeción, recurrirán al Constitucional.

- 26 de enero de 2009. El Supremo empieza a debatir sobre la objeción de conciencia a Ciudadanía.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 28 de enero de 2009

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