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La ley antitabaco no disminuye la venta de cigarrillos en España

Entre 2006 y 2008 el consumo subió un 1,29% - Sólo baja en cuatro comunidades

Puede ser un artefacto estadístico, pero desde que entró en vigor la ley antitabaco en España, en enero de 2006, la venta de cigarrillos y otros productos asociados no ha hecho más que aumentar. De hecho, según los datos del comisionado para el Mercado de Tabacos, ese año se rompió una tendencia decreciente que se mantenía desde 2004. Los datos son claros: entre enero y octubre de 2006, primer año de la ley, se vendieron 3.749.062.937 cajetillas. Este año, van 3.797.385.656, un 1,29% más. Con ello se rompe una tendencia que acabó, precisamente, en 2006. Entre 2006 y 2007 las cifras mostraron una estabilización. Dos años después, sólo en cuatro comunidades baja, y la cifra global se acerca de nuevo a la de 2005, año en el que se vendieron 3.867.499.034 cajetillas de enero a octubre, aunque siempre hay que tener en cuenta que la población va aumentando (entre 2006 y 2007 lo hizo en un 1,1%).

El Ministerio de Sanidad, cuyos representantes no quisieron comentar estos datos, no tiene cifras sobre el impacto real de la medida, que prohibía el consumo de tabaco en todos los lugares cerrados con la excepción de algunos locales de hostelería.

El primer año de vigor de la ley, el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, sí calculó que habían dejado de fumar 750.000 personas. Ahora no hay nuevas estimaciones. Quedan los datos de la Encuesta Nacional de Salud, que calcula que la proporción de mayores de 16 años que fuman ha pasado del 31,6% en 2001 al 26,4% en 2006. No hay números posteriores.

Estudios hechos en California, donde las medidas para restringir el consumo de tabaco llevan más tiempo (empezaron en 1984) apuntan a que la proporción de fumadores habituales puede bajar hasta el 14% -es la tasa que había en 2005, según la sección de Control del Tabaco del Departamento de Salud-. El Centro del Control de Enfermedades (CDC) de Atlanta (el mayor órgano supervisor y asesor de la sanidad pública estadounidense) tiene como objetivo que el porcentaje llegue al 12% en 2010.

Aunque el ministerio calle, las sociedades científicas que forman el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo apuntan algunas causas para que las ventas suban. La primera, según su presidenta, Ángeles Planchuelo, que la ley tenía un "recorrido corto". "Así nos lo reconoció el ministerio cuando nos entrevistamos con ellos en mayo", afirmó.

Para la sociedad, tres son los puntos clave que hay que mejorar. El primero, hacer "avanzar la ley, para extenderla a todos los espacios públicos". Se trataría de acabar con la excepción de los espacios para fumadores en bares y restaurantes de más de 100 metros cuadrados y, sobre todo, en convertir los locales menores en espacios sin humo. No sólo por los clientes, sino porque es "incoherente que los 800.000 trabajadores del sector de la hostelería no estén protegidos por la ley".

El segundo aspecto que defienden es que se dé un tratamiento universal e integral a quienes quieran dejar de fumar. Ya en el debate de la ley, el PP propuso que los medicamentos para ayudar a desengancharse de la nicotina los sufragara la sanidad pública, pero no fue aceptado. Alguna comunidad, como Navarra, sí lo ha hecho (lo aprobó antes de la normativa nacional), y la venta de cigarrillos ha caído en la comunidad un 4% desde 2006. La tercera demanda del Comité es que se suban los precios del tabaco para desanimar a los jóvenes a empezar a fumar.

Precisamente, el bajo precio del tabaco, comparado con el extranjero, es una de las causas que fuentes de Sanidad atribuyen al aumento de ventas. Eso podría justificar que haya subido en comunidades fronterizas como Aragón (un 5,7%) o Extremadura (5,2%). Pero no se correspondería con que haya bajado en Baleares, País Vasco y Cataluña, que también lindan con otros países o reciben muchos turistas.

El hecho de que Castilla-La Mancha sea la comunidad donde la venta de cigarrillos ha aumentado más, junto al carácter agrícola de gran parte de la riqueza de Aragón, Extremadura y Murcia, apunta a que la llegada de temporeros, muchos de ellos inmigrantes que vienen de países donde no hay regulaciones tan estrictas, aumentan el consumo.

Queda por analizar la aplicación, o no, de la ley. El conflicto entre Sanidad y la Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia y La Rioja, que han suavizado la norma, sigue abierto. En estas regiones apenas ha habido inspecciones o denuncias, según nofumadores.org (no hay datos para toda España). Y en todas ha aumentado la venta de cigarrillos. Quizá sea otro artefacto estadístico.

Más 'pubs' en Reino Unido

Mientras el Ministerio de Sanidad español sigue esperando ver qué consecuencias tiene la ley antitabaco que entró en vigor en 2006, otros países que se apuntaron más tarde a la corriente prohibicionista van arrojando datos satisfactorios sobre su medida.

Reino Unido es de estos últimos. Su regulación, que no hacía excepciones a la hora de prohibir fumar en lugares públicos, se ha visto compensada con un aumento de las solicitudes de licencias por parte de bares y pubs para abrir, vender alcohol o ampliar su horario. Exactamente lo contrario que vaticinaban los empresarios españoles, temerosos de perder clientela si se aprobaba una ley más restrictiva que la actual. Ésta deja en manos del dueño del local si se puede fumar cuando el establecimiento es de menos de 100 metros cuadrados y sólo establece la obligatoriedad de tener espacios sin humo en los mayores de ese tamaño.

En total, en Reino Unido en un año el número de licencias para abrir bares ha aumentado un 5%; el de permisos para vender alcohol lo ha hecho un 6%, y el de locales que han pedido abrir las 24 horas han crecido un 14%, según un estudio del Departamento de Cultura, Medios y Deporte del Gobierno británico (http://www.culture.gov.uk).

El contraste con España es claro. El Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT) y la organización nofumadores.org hablan de una gran desigualdad en la aplicación de la norma. En Barcelona, ciudad que ambos ponen como modelo, un trabajo de la Agència de Salut Pública municipal dirigido por Joan Ramón Villalbí recoge que en 10 meses ha habido unas 25 denuncias por cada 100.000 personas al año. Ello supondría unas 11.250 en toda España. Una cifra a la que, según los expertos, no se ha llegado ni por asomo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 22 de diciembre de 2008

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