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Tribuna:

'Spain is different' o la impunidad mantenida

Como era de esperar cuando un juez español de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que intentó en su día enjuiciar al general Pinochet por sus crímenes en contra de la humanidad, ha intentado hacer lo mismo y enjuiciar a los autores del alzamiento fascista en contra de la República española, responsables de crímenes en contra de la humanidad en España, muchas voces se han alzado en contra de tal enjuiciamiento. Los argumentos utilizados han variado. Uno de los más frecuentes es que tal juicio reabriría las heridas supuestamente cerradas durante la transición, argumento que se utiliza sobre todo por los herederos de los autores que infligieron tales heridas con el objetivo de que se olviden los crímenes que realizaron. No desean que se conozcan y condenen las enormes crueldades que sus antecesores hicieron, llevándolos a los tribunales, tal como se ha hecho en otros países europeos que sufrieron el nazismo y el fascismo, como Italia, Alemania y Francia (con las autoridades del Gobierno colaboracionista de Vichy).

El juicio no tendrá lugar como consecuencia del enorme poder que los vencedores tienen en España

Muchas voces se han alzado contra del intento de Garzón de enjuiciar a los autores del alzamiento fascista

Justifican su petición de olvido escudándose en que los republicanos también abrieron heridas, argumento que muestra una escasa sensibilidad democrática, pues el motivo de enjuiciar a los golpistas es su responsabilidad de alzarse contra un régimen democrático, llevando a cabo un exterminio sistemático y genocida del vencido, como está ampliamente demostrado. Tal acusación no se puede hacer a las autoridades republicanas democráticamente elegidas, cuya autoridad derivaba no de un golpe militar, sino de las urnas y que no fue responsable de ningún genocidio.

Otro argumento que se ha utilizado es el del relativismo histórico según el cual cada persona o cada grupo social tiene su propia historia, y que no tiene por qué una versión histórica tener mayor protagonismo que otra. A esta argumentación se añade que es un error, cuando no un peligro, que exista una historia oficial del Estado, ignorando que en cualquier sociedad democrática es la propia población a través de sus representantes la que establece los parámetros de definición de tal historia basada en los valores que tal población sustenta. La historia es subjetiva por definición y se enseña en instituciones, como la escuela pública, cuyos libros de texto, incluyendo los de historia, tienen que ser aprobados por las autoridades democráticamente elegidas, que, por higiene democrática, tienen que promover valores democráticos. Atribuir esta labor única y exclusivamente a la subjetividad específica de cada historiador (como se ha propuesto en estas páginas recientemente) es, además de sostener un relativismo moral, una defensa de un corporativismo profesional monopolizante que es profundamente antidemocrático. Es más, la historia no la escriben sólo los historiadores, sino la propia población a través de su propia memoria, que, de no ser facilitada y ayudada por el Estado, puede desaparecer, como ha estado ocurriendo en España con las víctimas del genocidio.

Otro argumento en contra de tal enjuiciamiento es que éste rompe la reconciliación sobre la que se basó la transición. Según tal versión, tanto los vencidos como los vencedores de la guerra decidieron unánimemente cerrar las llaves del recuerdo histórico, aprobando con la Ley de Amnistía la amnesia colectiva. Tal argumento ignora la gran desigualdad que existía en el periodo de la transición entre los vencedores (que controlaban el aparato del Estado y gran parte de los medios de persuasión) y los vencidos que estaban saliendo de la clandestinidad, sobreviviendo una de las dictaduras más represivas y sangrientas habidas en la Europa occidental en aquel siglo. Si la transición hubiera ocurrido, como ocurrió en Alemania, Italia y Francia (bajo el régimen de Vichy) en una derrota de los golpistas, España tendría otra Constitución, y los responsables de aquel alzamiento fascista habrían sido enjuiciados, como ocurrió en aquellos países. No fue así en España, donde la estrategia de los vencidos, fruto de su debilidad, fue la de no cuestionar aquel pasado.

Es lógico que en la medida que las víctimas y sus sucesores vayan adquiriendo mayor poder, exijan que se realice la justicia negada a los vencidos, que fueron los que defendieron la democracia de la cual es heredera la actual. Ver esta exigencia por parte de las víctimas como un mesianismo mal aplicado a la figura de Garzón (tal como también se interpretó en estas páginas) es no comprender la enorme movilización que ha ocurrido en este país por parte de familiares y amigos de las víctimas de aquel genocidio. Como uno de ellos, me temo que tal juicio no tendrá lugar como consecuencia del enorme poder que los vencedores tienen en España, cuyo jefe de Estado, el Monarca, ha indicado en repetidas ocasiones que no tolerará que se hable mal en su presencia del general Franco. Me temo que España continuará siendo el único país de Europa que no enjuiciará a los golpistas asesinos. Después de todo, como se decía durante la dictadura, Spain is different.

Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 17 de diciembre de 2008