Seis años después de la catástrofe del Prestige, la Abogacía del Estado considera que hay pruebas suficientes para eximir de responsabilidad penal a la Administración española y ha anunciado que pedirá que se anule la imputación del único cargo público del Gobierno procesado, el ex director de Marina Mercante José Luis López Sors.

La instrucción judicial "ya condujo de forma clara a la conclusión de que no hubo nada ilícito en la actuación de la Administración ni en su gestión del siniestro", asegura el director de los servicios jurídicos del Estado, Joaquín de Fuentes. Éste considera suficientemente probado que el Gobierno que entonces presidía José María Aznar no incurrió en un delito medioambiental al decidir alejar mar adentro, en pleno temporal, al viejo petrolero fracturado y perdiendo fuel. Y defenderá que cuando se abra el juicio no se siente en el banquillo López Sors.