Los catalanes son los que peor valoran los servicios públicos: educación, sanidad, pensiones, infraestructuras, servicios sociales, urbanismo, control de la inmigración, vivienda, medio ambiente, seguridad ciudadana y empleo. En una escala de 0 a 10, suspenden a su administradores con 4,34. De todas las comunidades estudiadas, sólo el País Vasco aprueba de media, con un 5,17, las 11 políticas estudiadas. Los andaluces dieron un suspenso alto (4,66); por encima de ellos, los ciudadanos de Castilla y León puntuaron con un 4,97 de media a sus administraciones, mientras que, por debajo, los gallegos dieron un 4,54.

La encuesta ha sido realizada por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA), el Centro de Investigaciones Sociológicas y otras instituciones públicas, entre ellas la Fundación Pi i Sunyer, en cinco autonomías: Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Galicia y el País Vasco.

En ninguna de las cinco autonomías encuestadas se alcanza el 35% de ciudadanos que opinen que existe una buena organización entre los gobiernos autónomos y el central. Con todo, Andalucía es la segunda comunidad autónoma en la que más se valora la coordinación interterritorial, sólo superada por Cataluña, con un 34,5%. La que menos confianza tiene en el buen entendimiento es Castilla y León, donde sólo el 12,6% de los ciudadanos creen que la coordinación es positiva. Galicia (29,4%) y el País Vasco (20,8%) se mantienen en la parte media de la tabla.

Los expertos, que ayer presentaron el estudio en Córdoba, destacaron que cuando a los ciudadanos se les pregunta de manera genérica por las políticas públicas (educación, sanidad...), tienden a minusvalorarlas, con lo que puntúan habitualmente a la baja. Pero cuando las cuestiones se realizan sobre servicios concretos (los servicios de urgencias o guarderías), los resultados son bastante mejores. Lo mismo ocurre con quienes suelen ser usuarios de los servicios sobre los que se les interroga. Éstos tienden a dar una nota más alta que aquellos que no los necesitan por el momento.

Con este estudio, los investigadores han querido presentar los efectos palpables de la descentralización del Estado y cómo ello puede acarrear dificultades a los ciudadanos a la hora de asignar responsabilidades políticas. De acuerdo con los datos de la encuesta, los expertos opinaron que el Gobierno central, los de las autonomías y los ayuntamientos podrían recibir premios o castigos electorales por servicios que a veces son competencia de otros niveles administrativos.

El trabajo sociológico vuelve a reflejar actitudes ya conocidas de las comunidades autónomas con respecto a su identificación con España. Una vez más, el País Vasco aparece a la cola, con sólo el 47% de la población que se identifica con el concepto de España. Cataluña alcanza el 69,3% y Andalucía encabeza la serie con el 91,8%. En lo que sí se ponen de acuerdo la mayoría de los encuestados es en la identificación con sus municipios: más del 80% se identifican con su terruño.