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Reportaje:Carreras & capital humano

El paro: enemigo número uno a batir

La mejora de la formación de los desempleados y el aumento de las cuantías de los subsidios que perciben son dos de las medidas propuestas por los expertos para combatir la crisis laboral

No hay soluciones milagrosas ni varitas mágicas que puedan acabar con la crisis económica a que asistimos. Tampoco una receta magistral para detener el enorme aumento del paro que lleva aparejada y que ha alcanzado niveles desconocidos en España en el número de trabajadores afectados (769.449 entre enero y octubre de este año), según los datos presentados esta semana por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, lo que supone un crecimiento interanual del 37,5%.

De hecho, hasta el propio Gobierno reconoce que las medidas aprobadas ayer para hacer frente al paro son insuficientes. Maravillas Rojo, secretaria general de Empleo, manifestó el pasado jueves: "Estoy convencida de que vamos a requerir nuevas medidas e instrumentos para detener el alza del paro". Y no solamente porque hayan quedado recortadas a la mitad; de las cuatro propuestas laborales anunciadas por José Luis Rodríguez Zapatero, sólo dos han pasado el visto bueno de los agentes sociales: la bonificación de 1.500 euros anuales para los desempleados con cargas familiares y la ampliación de la capitalización del subsidio del paro para montar un negocio.

Las iniciativas aprobadas ayer por el Gobierno son insuficientes

El antiguo contrato temporal de fomento del empleo puede crearlo

Es necesaria una reforma laboral que vincule convenios y productividad

En tanto que la participación de las empresas de recolocación en la búsqueda de trabajo para los empleados afectados por expedientes de regulación de empleo y las bonificaciones anunciadas para sectores como energías renovables, I+D y medio ambiente, tendrán que esperar a ser acordadas en el seno del diálogo social que promueven el Ejecutivo, patronal y sindicatos.

Todos los analistas del mercado laboral consultados están de acuerdo en que el paquete de medidas aprobado por el Consejo de Ministros se queda muy corto para poner coto a una tasa de paro que el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, ha vaticinado esta semana que podría alcanzar al 15% de la población activa española en 2009 y al 17% en 2010 si no se llevan a cabo las actuaciones adecuadas. Porcentajes que Maravillas Rojo no se ha atrevido a negar o descalificar, aunque las previsiones que maneja el Gobierno distan mucho de ellos. "No tenemos ninguna cerrazón a nuevas previsiones", dice la secretaria general de Empleo, añadiendo que las revisan periódicamente.

Para evitar que el paro afecte a cerca de cuatro millones de personas en España entre el año que viene y el próximo, el problema es dar con soluciones eficaces, por aquello de que no existen los milagros. A fin de colaborar en la búsqueda de estas soluciones, representantes de sindicatos, empresas, abogados y catedráticos de Derecho del Trabajo aportan una batería de propuestas con las que combatir el alza del desempleo y potenciar el aumento de la contratación en estos momentos de crisis.

La premisa de la que parten todos ellos es que mientras no se reactive la economía para que la industria vuelva a funcionar y las empresas a necesitar trabajadores y a crear empleo, cualquier iniciativa que se decida en el ámbito laboral difícilmente podrá servir para algo. Tras esta base, hay alguna solución que se repite, como es la necesidad de que se produzca un verdadero diálogo social del que salgan medidas concretas para enfrentarnos a la crisis del empleo y, a ser posible, una reforma del mercado laboral que trate de buscar las claves legislativas que redunden en la productividad, es decir, que sean eficaces. Una cuestión que la secretaria confederal de Empleo de CC OO, Lola Liceras, descarta: "La declaración que firmamos todas las partes implicadas el pasado mes de junio para que arrancase el diálogo social no incluía una reforma laboral. Por eso no vamos a volver a sentarnos a discutir sobre los contratos y los despidos".

Desde luego, las intenciones de la CEOE son otras, pues propone una flexibilización del despido para que salga más barato y, con los recursos sobrantes, se puedan contratar nuevos trabajadores. Una postura que comparte el catedrático de Derecho del Trabajo y presidente del despacho de abogados que lleva su apellido, Juan Antonio Sagardoy, quien añade a esta revisión la modificación de "la ultraactividad de los convenios colectivos".

Rubén Agote, socio de Cuatrecasas Abogados, propone una solución menos traumática, como es flexibilizar el despido pero protegiendo al trabajador, tal y como se ha hecho en la reforma laboral recientemente aprobada en Francia: "Se trata de dar la misma cobertura por desempleo y la misma indemnización a las extinciones de mutuo acuerdo que a los despidos, con lo que se evita la judicialización de éstos, tan frecuente en España", asegura.

Dejando al margen las extinciones laborales, hay dos medidas que comparten la mayoría de las fuentes consultadas: "Tenemos que proteger a los parados. El seguro de desempleo debe funcionar bien, sobre todo para los parados de larga duración. Y también tenemos que intentar formar a los parados para que consigan un nuevo empleo", afirma Miguel Cuenca, presidente de Cusan Abogados y ex secretario de Empleo entre 1979 y 1981. Tanto UGT como CC OO apoyan ambas iniciativas.

"Hay que incrementar de manera extraordinaria y significativamente las partidas de los programas de formación y empleo en los Presupuestos de 2009. Y también es urgente mejorar la prestación por desempleo para quienes la han agotado, así como flexibilizar los requisitos para acceder al subsidio. Existe capacidad de endeudamiento todavía y no es la hora de flexibilizar el despido, sino de poner en marcha políticas públicas que nos ayuden a superar la crisis", propone Jesús Pérez, secretario de Empleo y Protección Social de UGT.

"La situación exige buscar dinero para mejorar el sistema de prestaciones por desempleo, que está pensado para los parados de los años noventa, en general hombres con cargas familiares; no para los actuales: sobre todo jóvenes, mujeres e inmigrantes, que tienen unos derechos menos duraderos", señala Liceras, quien añade: "Debemos modificar el sistema educativo para que mucha de la gente joven que ha dejado de estudiar en los últimos años, cuando podían acceder a cualquier trabajo, se reenganchen a la formación profesional, ahora que no tienen posibilidad de conseguir empleo fácil". El presidente de la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal, Francisco Aranda, apostilla: "Hemos de darle a la formación profesional la importancia que tiene, entre otras cosas porque los oficios tienen un 5% de paro y eso es, técnicamente, pleno empleo".

"Las prestaciones por desempleo y los subsidios son bajos y limitados. Tienen que mejorarse sus cuantías, al menos durante tres años hasta superar la situación actual, que exige aumentar el gasto público y el déficit", coincide el catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Politécnica de Valencia, Juan López Gandía, quien no es partidario de las bonificaciones que ha aprobado el Gobierno, "puesto que no sirven para crear empleo, sino que son contratos temporales encubiertos a través de los cuales, cuando los empresarios dejan de percibir las ayudas, despiden a sus empleados y el Estado acaba pagando tales despidos".

Quizá sean estas dos iniciativas las que aborde el Gobierno en el próximo paquete de medidas que apruebe. Al menos así lo ha dejado entrever Maravillas Rojo, al declarar que la formación y la mejora de las prestaciones por desempleo son dos de los temas que va a analizar el Ministerio de Trabajo en breve.

Pero no son las únicas propuestas de los expertos. Juan Antonio Sagardoy considera: "Hay que hacer un esfuerzo de pragmatismo y control y buscar un modelo temporal de creación de empleo o, al menos, que impida la destrucción del mismo. Necesitamos medidas de choque para salvar al enfermo y una de ellas podría ser retomar el contrato temporal de fomento del empleo, que tenía una duración máxima de tres años y preveía una indemnización de 12 días por año en caso de despido". El presidente de Sagardoy Abogados apunta hacia otro contrato desaparecido, el de lanzamiento de nueva actividad (que también recogía tres años de temporalidad de los trabajadores hasta que el empresario comprobase si el negocio montado funcionaba), para contribuir a crear empleo.

Los sindicatos aseguran que precisamente este tipo de contratos son los que han generado una tasa de temporalidad que desde entonces hemos sido incapaces de quitarnos y que produjo la sustitución de contratos fijos por temporales.

La moderación salarial es otra de las medidas a poner en práctica más repetidas por los expertos consultados, a excepción de los sindicatos, que la rechazan al considerar que la llevan practicando años y que no es el momento de rebajar el poder adquisitivo de los trabajadores, que sólo contribuiría a deteriorar más el consumo, según explica Jesús Pérez. Lo mismo ocurre con la propuesta lanzada por Gerardo Díaz Ferrán de reducir todas las cotizaciones sociales de las empresas.

En el trasfondo queda el diálogo social como foro en que encontrar soluciones aunque, en palabras de Liceras, "todavía no ha empezado. Sólo nos hemos reunido para debatir las cuatro medidas presentadas por el Gobierno; para salir en la foto". -

A la espera de la recolocación

Mejorar y modernizar los saturados servicios públicos de empleo es parte de la solución para luchar contra el paro según todos los expertos. Por eso el que el Gobierno haya retrasado la entrada en acción de las empresas de recolocación en los expedientes de regulación de empleo (ERE) como refuerzo de estos servicios es un arma de doble filo.

Aunque era precipitado hacerlo sin debate y resulta mejor esperar al diálogo social para que la normativa sea adecuada y no sólo incluya a los trabajadores afectados por EREs, que son únicamente entre el 7% y el 8% de los que se van al paro actualmente, según el presidente de la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT), Francisco Aranda, supone retrasar "el refuerzo de la colaboración público-privada en la recolocación, que es clave para acortar la estancia de los trabajadores en el paro".

Con las 868 oficinas que tienen las seis empresas que conforman AGETT se podría evitar el colapso que viven las 715 oficinas del servicio público con el pago de las prestaciones, "porque el mercado está muy mal. Pero hay ofertas de empleo", dice.

Las ETT, dueñas de las empresas de recolocación, deberían intermediar no sólo en la contratación temporal de trabajadores sino en la fija, explica el secretario de Adecco, Santiago Soler, una propuesta que apoya CEOE y que critican los sindicatos, al considerar que sería una privatización de los servicios públicos. Ni UGT ni CC OO se niegan al refuerzo de éstos, "pues no hacen bien la selección de profesionales ni saben orientarles ni fijar su itinerario de inserción en el mercado laboral, mientras que estas empresas sí", señala Lola Liceras, de Comisiones Obreras. -

* Este articulo apareció en la edición impresa del Domingo, 9 de noviembre de 2008

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