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Editorial:

Justicia: ¿qué reforma?

La tragedia de la niña Mari Luz debe marcar un antes y un después en el sistema judicial

De reforma en reforma hasta el colapso final. Ésa parece ser la situación que vive la Administración de justicia desde hace algunos lustros. Ningún otro ámbito administrativo ha estado sometido a una pulsión reformista tan persistente y publicitada, incluidos rimbombantes pactos, y, sin embargo, ninguno como el judicial provoca entre los ciudadanos mayor sensación de descontrol e ineficacia.

¿Romperá esta dinámica el aldabonazo institucional y social que supuso el asesinato de la pequeña Mari Luz a manos de un pederasta condenado y que, sin embargo, estaba en la calle por no ejecutarse su condena? La tragedia no es atribuible a ningún fallo personal, pero tiene una relación directa con el deficiente funcionamiento del juzgado que debió encarcelar en su momento al pederasta y luego presunto asesino.

En la estela de la tragedia ha habido una huelga de secretarios judiciales, y otra encubierta y simultánea de jueces, que han puesto el énfasis en la precariedad de los medios y han obviado la responsabilidad que les incumbe en el correcto funcionamiento del sistema. Y ha habido por parte del Gobierno, con el visto bueno del Consejo del Poder Judicial, el anuncio de una nueva reordenación de la oficina judicial, con mayores competencias del secretario judicial y un mayor aporte y protagonismo de la informática.

El secretario judicial ya asume desde hace algunos años funciones de dirección de la oficina, en cuanto órgano administrativo que da soporte a la función jurisdiccional que ejerce el juez titular. Pero no está de más precisarlas mejor e incluso ampliarlas, más allá del tradicional ejercicio de la fe pública que corresponde al secretario, al procedimiento judicial entero, con un control estricto de sus sucesivos pasos burocráticos.

Ojalá que, en contra de lo sucedido hasta ahora, esta reordenación o implantación de la nueva oficina judicial, como la define el proyecto de ley que se prepara, acabe con los problemas de organización y métodos de trabajo obsoletos que están en la raíz -más que la socorrida precariedad de los medios- del persistente desbarajuste judicial.

La tragedia de Mari Luz ha puesto sobre el tapete otra carencia gravísima: la dilución de responsabilidades en el sistema judicial español. Como cualquier órgano del Estado, el jurisdiccional del que forma parte la oficina que le da apoyo logístico debe tener un responsable último, digamos político o institucional, que dé la cara y responda por su funcionamiento. Y ese responsable no puede ser otro que el juez.

La modernización de la oficina judicial, con métodos de trabajo adecuados y sistemas informáticos interconexionados y no disociados entre sí, y la configuración legal de un responsable claro e inequívoco de su funcionamiento siguen siendo hoy objetivos insoslayables para alcanzar un servicio judicial público eficiente y a la altura de la España actual.

* Este articulo apareció en la edición impresa del Lunes, 3 de noviembre de 2008