El Gobierno eliminará papeleo y agilizará el pago del complemento de pensiones

La imagen de cerca de 3.000 pensionistas peregrinando por las ventanillas de las administraciones para acceder a los complementos de pensiones prometidos por el Gobierno vasco y aprobados por el Parlamento en junio pasado resultaba demasiado incomoda para los partidos. Así que el acuerdo para terminar con ese deambular de ventanilla en ventanilla, simplificar los trámites burocráticos y agilizar el cobro de la ayuda resultaba inevitable y ayer se escenificó en el Parlamento. El complemento permite a los pensionistas cuyas prestaciones se sitúan por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (700 euros al mes, prorrateadas las dos pagas extras) alcanzar unos ingresos equivalentes al salario mínimo. Pero el acuerdo final costó y el debate resultó tenso en algunos momentos, con reproches cruzados entre los partidos.

El compromiso es que todos cobren la ayuda antes de que finalice el año

La Cámara reclamó, con el apoyo de tripartito, los socialistas y el PP, a los ayuntamientos y las diputaciones que concedan "prioridad absoluta" a la tramitación y resolución de las solicitudes de cobro del complemento de pensiones. Además, instó al Ejecutivo a que facilite a los servicios sociales municipales los recursos necesarios para garantizar que el pago a los pensionistas se efectúa en todos los casos antes de que finalice este año y a que no reclame a los beneficiarios "ninguna documentación que pueda obrar en posesión de las administraciones".

Éste último era uno de los aspectos que mayor controversia había generado: el excesivo papeleo al que debían enfrentarse los demandantes de la ayuda, personas mayores con problemas de movilidad en muchos casos. El complemento beneficia en una primera fase a 10.000 personas. A un colectivo de 7.000 se le actualizó directamente la cuantía. Se trata de aquellos ciudadanos cuyas pensiones se hallaban por debajo de 616 euros mensuales y que, en consecuencia, eran ya perceptores de la Renta Básica. Por lo tanto, se encontraban perfectamente registrados en la base de datos y no precisaban aportar ningún tipo de documentación extra.

El problema llegó con otra bolsa de unos 3.000 jubilados con pensiones de entre 616 y 700 euros mensuales, que deberían estar cobrando el complemento desde el pasado 1 de julio. Sin embargo, en lugar de actualizar directamente las cuantías, el Gobierno exige a este colectivo que presente a los servicios sociales de los ayuntamientos una extensa documentación. Deben aportar una fotocopia del DNI, la declaración del IRPF, un certificado de bienes, otro de empadronamiento, papeles de la Seguridad Social, información bancaria sobre posibles depósitos y confirmación de la cuenta corriente. Con todos estos papeles, los servicios sociales tramitan la solicitud para que la autorice de manera definitiva la diputación correspondiente.

Con la resolución del Parlamento, parte del papeleo queda anulada, ya que hay documentos con lo que ya cuentan las administraciones y que los posibles beneficiarios no deberán presentar.

A pesar del acuerdo final, no faltaron los reproches, especialmente entre socialistas y tripartito. La parlamentaria del PSE Gemma Zabaleta se quejó de que el proceso diseñado desde el Ejecutivo resultaba "ineficaz" y había terminado por saturar a los servicios sociales. El PNV y EA le replicaron que los complementos resultan necesarios por las "lamentables" pensiones que paga el Gobierno central.