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Reportaje:

Las nuevas y viejas ingenierías

El Gobierno ultima la norma que cerrará la reforma europea y que mantiene carreras separadas con atribuciones profesionales distintas

Más de un año y medio después de que se desatara la guerra entre las ingenierías de cinco años, y las ingenierías técnicas, de tres, a cuenta de cómo quedarían estos títulos con la reforma europea de las universidades, la normativa está, por fin, a punto de ver la luz. El tiempo se agota (la reforma tiene que estar completamente cerrada dentro de dos cursos y sólo resta culminar el cambio de las ingenierías) y el Ministerio de Ciencia e Innovación ya ha remitido a las universidades los borradores de la nueva regulación que estará en el Consejo de Ministros, presumiblemente, en noviembre.

La cosa quedaría así: seguirán existiendo dos niveles de ingenierías con atribuciones profesionales distintas (los trabajos que, por ley, sólo pueden realizar personas con una determinada titulación). Para hacer el trabajo que hoy hace un ingeniero técnico, los alumnos estudiarán un grado (de cuatro años, título que sustituye a licenciaturas, diplomaturas e ingenierías) y para hacer los de ingeniero superior, además, tendrán que hacer un master de uno o dos años. Para estos últimos habrá dos posibilidades: estudiar un programa integrado de grado y master que no tendrá atribuciones profesionales hasta llegar al final, o estudiar primero un grado de alguna de las antiguas especialidades de ingeniería técnica y luego estudiar un master, eso sí, más largo que los otros.

Variedad de soluciones

¿Qué queda abierto aún? Por ejemplo, si serán las antiguas escuelas de ingeniería técnica las que ofrezcan los grados con atribuciones profesionales, y las antiguas escuelas superiores, los programas integrados y los masters para los que vengan de la otra opción, como preparan en la Universidad Politécnica de Valencia, explica el ex director de la Escuela de Industriales, Juan Jaime Cano. O que las escuelas se integren y ofrezcan todas las posibilidades, como prepara la Universidad de Las Palmas, según José María de la Portilla, el director de su Escuela Universitaria Politécnica y presidente de la Conferencia Estatal de Directores de Escuelas de Ingeniería Técnica Industrial. O si es la comunidad autónoma la que regula todas las posibilidades para unificarlas, como se quiere hacer en Andalucía, dice el director de la Escuela Superior de Ingenieros Informáticos y de Telecomunicación de Granada, Buenaventura Clarés.

"Creo que se van a ver todas las opciones posibles, y que éstas dependerán de la plantilla que se tenga, de cada universidad, de cada tipo de escuela y de cada titulación", añade Clarés. Por ejemplo, la Universidad Politécnica de Cataluña está planteando posibles fusiones de escuelas, pero sólo en algunas ramas, dice una portavoz.

La gran pelea hasta ahora no ha estado en la Universidad, sino más bien en los colegios profesionales, y siempre ha sido si se unificaban en uno solo los dos niveles actuales de ingeniería, como querían los técnicos, o si se mantenían separados, como querían los de ciclo largo, en cuanto a su ejercicio profesional regulado (esto afecta a los ingenieros e ingenieros técnicos aeronáuticos, industriales, navales, de minas, de telecomunicación, a los técnicos agrícolas, forestales, de obras públicas y topografía, y a los ingenieros agrónomos, de caminos, y de montes).

Pero una vez que el esquema ya está más o menos decidido (aunque aún pueden quedar algunos), unos y otros parecen estar cerrando el asunto con la cabeza puesta en la próxima pelea: la ley de atribuciones profesionales, que el Gobierno se ha comprometido a revisar en un futuro (la regulación de algunas ingenierías superiores es anterior a 1930).

Mientras los ingenieros de ciclo largo ven el resultado actual de la reforma de las titulaciones como algo justo -"Es normal que quien quiera estudiar, tenga más derechos", dice el presidente del Instituto de la Ingeniería de España, Manuel Acero-, los técnicos insisten en que se trata de un sistema "transitorio" mientras se ordenan de una vez las atribuciones profesionales, dice José María de la Portilla.

Pero al final, por el momento, las cosas seguirán más o menos como hasta ahora. Un ingeniero que estudia menos tiempo se especializa en un área de su campo (por ejemplo graduado en Ingeniería de Minas, especialidad Explotación de Minas, o Naval, especialidad estructuras marinas) y recibe atribuciones sólo en esa especialidad, y otro estudia más y recibe una formación más generalista y más científica (master en Ingeniería de Telecomunicación, por ejemplo), con atribuciones en todo su campo.

Asimismo, los borradores de la normativa también establecen los mínimos a cumplir. En los grados se establecen los contenidos de la formación básica, la común a la rama de ingeniería (aeronáutica, naval, etcétera), la de tecnología específica (aeronaves, aeromotores...) y el trabajo de fin de carrera. Esto equivale al 75% de la carrera, el otro cuarto queda al libre albedrío de las universidades. Con el master, del mismo modo, se establecen los planes de un año de un programa que puede prolongarse un máximo de dos.

La directiva que no llega

La directiva europea sobre reconocimiento de cualificaciones entre los países de la UE, que se aprobó en 2005, aún no se aplica en España. "Bruselas ya ha apercibido al Gobierno español por no trasponer esta directiva", dice Edelmiro Rúa, presidente del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Rúa asegura que si esa norma se aplicara ya, el tribunal de la UE no le hubiera quitado la razón al Ministerio de Fomento por no reconocer los títulos de ingeniería de Caminos que un centenar de alumnos de la Universidad de Alicante obtuvieron en Italia.

Estos titulados estudiaron en Alicante una ingeniería técnica de tres años (Obra Civil). Después estudiaron en el mismo campus un título no oficial ofrecido mediante un acuerdo de la universidad alicantina y la de Las Marcas (de Ancona, Italia). La universidad asegura que los estudiantes se matricularon de asignaturas, las aprobaron y pasaron el examen del Estado italiano en Ancona.

El colegio opina que dichos alumnos se han aprovechado de los recovecos del sistema europeo de reconocimiento mutuo para, a través de distintas convalidaciones, mejorar sus atribuciones profesionales. "Deberían evitarse los saltos de un lado a otro que aumentan sin más las cualificaciones", dice Rúa. En cualquier caso, la sentencia europea habla de incumplimiento de la directiva de 1989, que es la que sigue en vigor en España. Con la de 2005, en la que cada país explicita sus condiciones sobre las atribuciones, Rúa cree que la decisión hubiera sido otra.

¿Por qué no se ha traspuesto esa norma todavía? Probablemente porque el cambio afecta a la raíz de las atribuciones reguladas: en España, las dan directamente ciertos títulos académicos, mientras que en la mayor parte de Europa, aparte del título, se consiguen mediante procesos o exámenes de habilitación en los que participan los colegios profesionales.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 27 de octubre de 2008

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