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La nueva ley de servicios obligará a la Administración a revisar 7.000 normas

El Gobierno calcula que el proyecto reducirá en medio punto la inflación

Con suerte, un fontanero que se decida a montar una empresa puede conseguir las autorizaciones necesarias en 15 días. Pero sin ella tendrá que esperar hasta 240. Todo en función de la comunidad autónoma donde viva. El coste del papeleo, además, oscila entre 100 y 2.700 euros. Con el anteproyecto de ley sobre prestación de servicios aprobado ayer, el Gobierno pretende acabar con ésta y otras muchas discrecionalidades.

Solbes dice que es un cambio "cultural y conceptual" de los servicios en España

El sector supone ahora dos tercios de la riqueza y del empleo nacional

La nueva ley, que el Ejecutivo prevé que salga del Parlamento a principios de 2009, sentará las bases para que la prestación de los servicios más variopintos -desde una peluquería hasta un centro comercial, pasando por el trabajo de un arquitecto- se rija por los principios de no discriminación y proporcionalidad para garantizar el libre acceso y ejercicio de las actividades de servicios.

La idea es que para abrir un negocio no haya que esperar a una autorización previa, sino que una inspección confirme que el dueño cumple las normas con el establecimiento ya en marcha.

No será fácil cumplir todos los objetivos, porque la ley se limitará a establecer unos principios básicos que afectarán a casi todos los servicios. A estos principios se tendrán que adecuar unas 7.000 normativas. De éstas, 80 son leyes estatales y 370, normas de rango menor. El resto lo componen normativas autonómicas y locales. Todas las administraciones tienen hasta el 31 de diciembre de 2009 para eliminar, por ejemplo, reglas tan absurdas como la que obliga a las autoescuelas a contar con aulas de más de 20 metros cuadrados para impartir las clases para el carné de turismos; y de 30 para los que quieran sacarse el permiso de camión.

El Gobierno espera que el cambio legislativo sirva como acicate para impulsar el crecimiento de un sector que representa dos tercios del PIB y del empleo; y que en los últimos años ha perdido competitividad por su insistencia en aumentar más los precios que en los países de la eurozona.

El Ministerio de Economía calcula que con la reforma se reducirá en medio punto el diferencial de inflación. El vicepresidente Pedro Solbes aseguró que la ley supondrá una reforma estructural de "hondo calado" y un cambio "cultural y conceptual" del funcionamiento de los servicios en España.

Pero no parece que el camino vaya a ser un paseo. Porque cada autoridad competente será la que decida cómo tiene que adaptarse a los nuevos tiempos. Y es previsible que los cambios vayan a pisar algunos callos. Como el de los colegios profesionales. Aunque ésta no es una ley dirigida a estos colectivos, el secretario de Estado de Economía, David Vegara, mencionó ayer algunos requisitos de los colegios que casan mal con la nueva normativa. Por ejemplo, algunos órganos profesionales exigen a sus miembros un código de buena conducta.

El anteproyecto responde a la traslación de una directiva comunitaria que obliga a los 27 miembros de la UE. Pero el Gobierno español ha querido ir más allá de la letra dictada por Bruselas y se ha embarcado en varios proyectos legislativos al mismo tiempo. De forma paralela al documento presentado ayer, que afecta a las normas de nueva creación, prepara otra ley que recoja las modificaciones de la normativa estatal para adaptarse a la directiva europea.

Sólo se han quedado fuera del nuevo marco sectores con sus propias directivas (financiero, transporte, telecomunicaciones, audiovisuales), o a los que por sus características especiales requieren de una regulación más detallada (sanidad, servicios sociales o trabajo temporal).

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 18 de octubre de 2008