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Tribuna:

El Consejo en sus manos

Formulo el título en términos afirmativos, aunque, a tenor de la experiencia, sería más realista presentarlo como pregunta. Pues tanto al que escribe como al lector, le asiste toda la legitimidad del mundo para albergar un hondo pesimismo y fundada falta de confianza en la autonomía del próximo Consejo General del Poder Judicial. Para temer que pudiera tratarse de otro mandato -visto lo visto, de un número indefinido de años- de malas prácticas y del peor ejemplo en el terreno de la administración de la jurisdicción y del estatuto de los jueces.

Ahora bien, lo cierto es que, al fin, el futuro inmediato de tan malhadada institución quedará en manos de 20 personas. A expensas de su sentido del deber, más que político preferentemente moral. Porque, dados los antecedentes de falta de sensibilidad constitucional de los encargados de la gestión del presente delicado momento institucional, y que, una vez más, se han quebrantado todas las cautelas jurídicas, la esperanza -eso que es "lo último que se pierde", por quien no la hubiera perdido- ya sólo puede cifrarse en el factor personal, en "el factor humano", en la responsabilidad de los designados ante sí mismos. Lo que, desde luego, no es gran cosa cuando el marco de referencias es el de un Estado constitucional de derecho. (Subrayado lo "de derecho").

El nuevo CGPJ escribiría una página nueva rompiendo las ataduras partitocráticas

Tras siete años de bochorno, dos de los cuales, además, de insidias políticas, de política, sobreañadida, de la peor, por la grosera instrumentalización del tránsito al nuevo mandato, se ha llegado a una situación que los protagonistas presentan como "de consenso". Pero que, en realidad, es de reincidencia en la complicidad sobre un modo de operar al margen de las reglas y en contra de su espíritu; que ha alumbrado, como no podía ser menos, otro consenso. Un general estado de opinión, con reflejo en los titulares y editoriales de la totalidad de los media, que traduce bien la sensación de la ciudadanía; o de aquella parte de la misma a la que aún pudiera importar esto, después de tanto fiasco. Algo que tendría que preocupar seriamente a los actores del proceso, si es que aquí quedase un resquicio de sensibilidad para tal clase de culpas, que no creo.

De lo leído emergen, aparte el malestar por los resultados, algunas conclusiones perversas, ahora ya pacíficas y expresadas esta vez sin la menor reserva. A saber, que la formación del Consejo corresponde, no las Cámaras, sino a algunos ejecutivos de partido, con riguroso respeto del fraudulento sistema de cuotas. Que el presidente lo nombra, así como suena, el del gobierno. Que el juez que no tenga una asociación -lo que ha terminado por significar ¡un partido!- de referencia, no tiene nada que hacer. En fin, peor imposible. Porque, conviene recordarlo en medio de tanta amnesia, es de garantizar la independencia judicial de lo que se trata.

Mientras, la jurisdicción pasa por momentos delicadísimos. Por la calidad y la complejidad de los asuntos que se desbordan sobre ella; y por la reiteración de su uso como recurso impropio para, supuestamente, hacer frente a problemas sociales, o de otra índole, de gran calado; sin reparar en que, como medio, ni vale para todo ni tiene una elasticidad ilimitada. El número de profesionales es francamente insuficiente; la estadística, generalmente, aplastante; y la infraestructura burocrática permanece en sus constantes galdosianas, tan castizas como inoperantes. Tal conjunto de factores contribuye, además, a proyectar sobre los jueces una presión social y mediática difícil de soportar; que se traduce, con alarmante frecuencia, en demandas, no tanto de responsables, en razón de la culpabilidad, por los eventuales incumplimientos, como de "chivos expiatorios".

A tenor del contexto esquemáticamente diseñado, es claro que lo que tiene por delante el Consejo en su nueva composición es como para cortar el aliento a quienes lo integren. Por eso resulta aún más desolador que haya de iniciar su recorrido a partir de presupuestos tan precarios, obstaculizadores incluso. Cuando lo que necesita de verdad, y tendría que haber heredado, es confianza, impulso y consenso (del bueno).

Con todo, y a pesar de las dificultades que se perfilan en el poco tranquilizador horizonte, si el aludido "factor humano" funcionase, es decir, si los futuros vocales, al contrario de lo sucedido con quienes los promueven y les han precedido, estuvieran eficazmente decididos a escribir por sí mismos una página nueva y limpia de nuestra pobre historia institucional, podrían hacerlo. Me atrevería a afirmar que, de existir voluntad, sería incluso fácil, porque se trata de algo tan elemental como rescindir ataduras con la odiosa dinámica partitocrática que conocen bien, acreditándose como institución autónoma y realmente funcional a los valores constitucionales de la jurisdicción, desde el principio. Esto es, comenzando por la elección del nuevo presidente, y, siguiendo enseguida, por la política de nombramientos...

Perfecto Andrés Ibáñez es magistrado.

* Este articulo apareció en la edición impresa del Sábado, 20 de septiembre de 2008