La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, vio en ese recurso a Estrasburgo un empeño del lehendakari en "mantener su plan a toda costa" y vaticinó que nadie en Europa "aceptará un desafío contra la ley". El presidente del PP, Mariano Rajoy, consideró "absolutamente inadecuado" el recurso y opinó que el lehendakari demuestra con su actuación que está "fuera de onda, camina hacia ninguna parte y ha huido hacia ningún lugar".

La reunión extraordinaria del Ejecutivo vasco no pudo emitir ayer más mensaje que el que ya había adelantado Ibarretxe el día 1: esa denuncia por supuesta vulneración de la libertad de pensamiento, opinión y participación política, entre otros derechos fundamentales. Tampoco pudo ir más lejos de la apocalíptica declaración del 15 de julio, en respuesta a la impugnación del Gobierno. Entonces ya dijo que acarreaba la suspensión de facto del autogobierno vasco.

Desactivado por completo el emblema de su tercer mandato, ayer era el día en el que el lehendakari planeaba anunciar el anticipo de las elecciones autonómicas. Ése era su plan b inicial cuando, hace un año, le puso fecha a la consulta y dijo que, se realizara o no, el 25 de octubre tenía previsto ir a votar "a primera hora de la mañana". Tampoco pudo hacer ese anuncio, porque la victoria socialista en Euskadi en las elecciones generales del pasado marzo le forzó a prescindir de ese resorte.

Ibarretxe se esforzó ayer en pedir a sus seguidores que mantengan "la mirada al frente" por encima del "atropello democrático" del que acusó al Constitucional. Éste ha actuado, dijo, "anteponiendo la razón política a la razón jurídica, la razón de Estado a la razón democrática" y siguiendo "un guión perfectamente trazado", cuya primera página atribuyó al presidente del Gobierno, como autor del recurso a la ley anulada.

Esas razones políticas, añadió el lehendakari en la declaración institucional, no son sólo "un atentado al autogobierno vasco", sino que además invalida "la capacidad de los vascos para elegir a sus representantes políticos", puesto que éstos "no pueden luego llevar adelante los proyectos prometidos". Y sentenció que el veredicto del Tribunal Constitucional deja en entredicho la calidad de la democracia del sistema político español.