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El Gobierno califica de disparate la política de Camps sobre Ciudadanía

El sistema valenciano pierde el 40% de alumnos entre la ESO y Bachillerato

El empecinamiento del Consell en extender el inglés a través de la asignatura de Educación para la Ciudadanía como una lengua vehicular más del sistema educativo español ha vuelto a encontrar el rechazo del Gobierno socialista, los partidos de la oposición, de los sindicatos y de los padres y madres de alumnos.

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Ayer el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, afirmó que la decisión de impartir la asignatura en las condiciones que pretende la Consejería de Educación, con dos profesores en un aula -el de Geografía o Filosofía, que tiene la atribución docente, más otro de inglés que actúe como traductor- "es un disparate y algo totalmente insólito en el resto del Estado". La Generalitat acumula cuatro recursos contra esta orden, uno del Gobierno central.

Ni las críticas, ni la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que ordenó la suspensión cautelar de algunas de las pretensiones de la consejería, arredraron al titular de Educación. Alejandro Font de Mora volvió a mostrar su orgullo porque "la Comunidad Valenciana es la primera autonomía que imparte una asignatura obligatoria en inglés".

Frente a la satisfacción oficial, el portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, advirtió de que el consejero se estaba "deslizando en el terreno penal de la prevaricación" y se mostró contrito porque la Comunidad Valenciana se ha convertido en "el líder del hazmerreír del sistema educativo de toda España". Glòria Marcos, portavoz de Esquerra Unida, calificó las actuaciones de Font de Mora de "despropósitos".

Los representantes de los padres de la escuela pública, organizados en la Confederación Gonzalo Anaya, no alcanzan a comprender por qué se les niega el "derecho constitucional" a matricularse en castellano o en valenciano y "se impone el inglés en Ciudadanía cuando faltan maestros de inglés para Educación Infantil, que es una gran apuesta y una mejor inversión en los más pequeños". "Es una ocurrencia más de un consejero al que, lejos de preocuparse de la alta tasa de fracaso escolar del 40%, se le ocurre poner traductores simultáneos", manifestó su presidenta Rosa Giménez.

El STEPV reiteró que considera "ridículo, absurdo y un insulto a la inteligencia la decisión de recortar las competencias del profesorado de inglés para usarlos como simples traductores simultáneos". Pero, además, recordó la responsabilidad que pesa sobre la consejería al permitir la "insumisión a una asignatura obligatoria, lo que conllevará la no obtención del graduado escolar".

CC OO, que fue el sindicato que pidió la suspensión cautelar y que, en breve, formalizará una demanda contra la imposición del inglés como lengua vehicular, subrayó los "graves problemas" que padece el sistema educativo valenciano. "Con una entrada de 50.000 alumnos en primero de ESO, el número de matriculados al llegar a primero de Bachillerato o Ciclos Formativos cae a 30.000. Es decir, que solo se mantiene en el sistema el 60% del alumnado, mientras que la tasa de abandono llega al 40%, muy por encima de la media de la OCDE, que ronda el 25%".

UGT denunció, además, el hecho de que se adeuden desde 2007 "40 millones de euros" entre los atrasos de los trienios reconocidos a los interinos, los complementos impagados a los equipos directivos y la deuda con el profesorado de la concertada, y se pretenda contratar a un centenar de profesores de inglés para hacer de traductores.

La consejería encontró el apoyo en la organización Valencia Educa en Libertad (Vael), que mostró su alegría ante el anuncio de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) y del arzobispado de Valencia al movimiento objetor a la asignatura, que agrupa de momento a centenares de padres en la Comunidad Valenciana. Concapa se ha ofrecido para asesorar jurídicamente a quienes ejerzan la objeción de conciencia, "especialmente a quienes tienen matriculados a sus hijos en colegios públicos".

Fondo de cohesión para construir

La Generalitat se reivindica como "la autonomía que más esfuerzo está haciendo en inversiones en infraestructuras escolares", destacó ayer el consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, en su comparecencia pública para dar las cifras del próximo curso, que arranca con 49 centros nuevos o totalmente reformados. Es decir, 17.775 plazas públicas. Y defendió la gestión del presidente Camps, que "desde que asumió el cargo entre septiembre de 2003 y septiembre 2008" se ha puesto en marcha la construcción o reforma de 305 centros (unas 5.000 unidades más y cerca de 200.000 plazas escolares públicas) por 1.726 millones de euros. Esto, sumado a las actuaciones del primer mapa escolar de 1996 (en el que se invirtieron 1.894 millones) supone una inversión total de 3.620 millones de euros. "Eso quiere decir que una de cada tres infraestructuras educativas de la red pública (1.500 centros educativos) en funcionamiento en la Comunidad Valenciana", prosiguió Font de Mora, "tiene menos de 10 años, lo que hace que nuestra comunidad tenga las instalaciones más modernas".

Acto seguido, el consejero autonómico siguió el guión diseñado por el PP valenciano para todas las consejerías y reclamó al Gobierno más cooperación en materia educativa en un momento de crecimiento poblacional. "Estamos asistiendo al curso récord de alumnos matriculados, de profesores e infraestructuras educativas. Invertimos 5.556 euros por alumno (entre el capítulo I, II, VI y el prorrateo del gasto de Ciegsa por alumno) y no recibimos ninguna ayuda del Estado para obras. Mientras, otras comunidades, como Galicia, que recibe 34 millones de euros, Andalucía o Castilla-La Mancha reciben dinero para hacer colegios. Necesitamos un fondo de cohesión territorial para infraestructuras educativas, en función del aumento de la población".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 5 de septiembre de 2008

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