Los ayuntamientos hacen oídos sordos ante el problema del ruido

Una discoteca debajo de casa puede arruinar el sueño de cualquiera una noche de verano. O un bar, el aire acondicionado del vecino o el último sitio de moda para hacer botellón. Uno de cada cuatro españoles sufre problemas de ruido en sus viviendas. Pero los ayuntamientos hacen oídos sordos e incumplen la ley. Sólo 6 de las 18 grandes aglomeraciones que tenían que elaborar un mapa de ruido antes de agosto de 2007 lo han entregado. El pasado 18 de julio expiró otro plazo, el de presentación de los planes de acción para combatirlo, también obligatorios. Ningún ayuntamiento lo ha remitido todavía al Ministerio de Medio Ambiente, que debe enviar la información a la Comisión Europea si no quiere arriesgarse a una multa de la UE.

Pocos afectados acuden a la justicia. Saben que el proceso es largo y costoso

La inactividad es la tónica general de los consistorios españoles ante el problema del ruido. Actúan básicamente a golpe de sentencia. Lo sabe bien José Antonio Siles, que recibirá una indemnización de 12.000 euros por cada uno de los 13 años en que padeció las molestias propias de tener una vivienda en una zona de bares. Él y otros 17 vecinos de Vélez-Málaga. Así lo decidió el Tribunal Supremo hace un mes, en la mayor condena a un Ayuntamiento por pasividad en la aplicación de la normativa contra el ruido (4,5 millones de euros). "El sonido se metía por los cristales y hacía vibrar todo el edificio", recuerda Siles, que en su casa de vacaciones llegó a instalar las ventanas más insonorizadas del mercado. "Veníamos a descansar y el mes que pasábamos era un infierno".

Ésta es una de las quejas más frecuentes de los ciudadanos en lo que a calidad ambiental se refiere, según los informes del Defensor del Pueblo, que le dedicó un estudio especializado en 2005. La Ley del Ruido de 2003, que trasponía una directiva europea, pretendía prevenir y reducir el ruido ambiental. Para ello, las instituciones tenían que ponerse a trabajar en localizar los focos más graves y fijar medidas para evitarlos.

Medio Ambiente no ha podido remitir aún la información a la Comisión Europea porque sólo ha recibido la de aeropuertos y ejes viarios y ferroviarios, pero no la que le correspondía aportar a los municipios. "El proceso es muy largo, y yo creo que el plazo era muy optimista", justifica José Manuel Sanz, jefe del área de ruido del ministerio. Sólo Valencia, Alicante, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria y, muy recientemente, Vigo y Zaragoza, han cumplido a medias (entregando los mapas pero no los planes de acción). "Estamos preparando la información para enviar antes del 20 de septiembre todo lo que tengamos", afirma. No atenerse a los plazos puede acarrear la apertura de una infracción contra España por parte de la UE.

"El incumplimiento en esta materia por los ayuntamientos es generalizado", afirma Francisco Soler, abogado medioambiental. "Esto hace que las personas afectadas se sientan indefensas". Los vecinos de Vélez-Málaga, desde que se abrieron decenas de pubs a escasos metros de su comunidad, remitieron "por lo menos 300 escritos" al Consistorio, llamaron a la policía, denunciaron, se manifestaron. "Acudimos a todas las autoridades", cuenta José Antonio Siles. Hasta que decidieron ir a juicio.

Pocos afectados recurren a la vía legal, conscientes de que se enfrentan a un proceso costoso y largo. Antonio Bocos, abogado especializado en ruido, recibe unas setenta quejas al mes, de las que sólo acaban en juicio un par. Sin embargo, opina que este problema se está resolviendo en España a base de sentencias "cada vez más estrictas".

Aeropuertos, carreteras, bares y los propios vecinos son los focos de ruido más frecuentes en las ciudades. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la exposición a sonidos peligrosos como un problema de salud pública. Además de los efectos negativos sobre la audición, puede causar trastornos psicológicos, cardiovasculares, hormonales o alteración del sueño. En las ciudades, los mismos ayuntamientos que otorgan las licencias de actividad son los que tienen que vigilar que no sobrepasen los límites legales. Ignacio Sáenz, presidente de la Plataforma Estatal contra el Ruido, cuenta que se siguen aplicando ordenanzas municipales anteriores a la ley.

"La situación está mejorando", concede el abogado Agustín Bocos. "Hay menos casos que hace unos años", pues antes era impensable que un ayuntamiento pudiera responsabilizarse por el jaleo de su ciudad. Pero ahora no es simple ruido, es auténtica contaminación ambiental.