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México lanza una ofensiva inédita contra el narcotráfico y los secuestros

Los tres poderes del Estado firman un pacto para combatir al crimen organizado

Construcción de nuevas cárceles de máxima seguridad. Reforma judicial para que los secuestradores cumplan las penas íntegras. Nombramiento de jueces especializados. Creación de una base nacional de teléfonos móviles. Estas son algunos de las medidas incluidas en el Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad, que ayer fue suscrito por todos los poderes en México: Gobierno federal, autoridades de los Estados y municipios, legisladores y jueces.

El acuerdo, redactado por el Gobierno del conservador Felipe Calderón, quiere comprometer a todas las instancias y coordinar esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado, que tiene contra las cuerdas a la sociedad mexicana.

Los objetivos del pacto, al que se han sumado partidos, medios de comunicación y organizaciones empresariales y ciudadanas, son el combate a los secuestradores y los narcotraficantes, la limpieza de los corruptos, cuerpos policiales y el fin de la impunidad.

El acuerdo consta de 23 medidas que afectan a cada poder. Así, el Gobierno federal se compromete, entre otras cosas, a fijar una estrategia contra el lavado de dinero, a construir dos penales de alta seguridad con áreas especiales para secuestradores, a unificar las bases de datos de teléfonos móviles, a instaurar un programa de recompensas y a establecer un documento nacional de identidad. También renovará las academias de la policía federal.

Al Congreso le corresponde dictar una ley antisecuestros y reformar la legislación para impedir que los secuestradores se beneficien de la reducción de condenas. El Poder Judicial deberá nombrar jueces y magistrados especializados en crimen organizado y rotar permanentemente a los titulares de juzgados. Los Gobiernos estatales, por su parte, deberán construir nuevas cárceles, crear unidades contra el secuestro, homologar las leyes en materia penal y depurar los cuerpos policiales.

El acuerdo también prevé que una instancia ciudadana monitoree el cumplimiento de los compromisos, para los que se ha fijado un plazo máximo de tres años. El Congreso aprobará para 2009 un presupuesto histórico en materia de seguridad.

México enfrenta una situación crítica derivada de la violencia y la inseguridad. Las batallas entre bandas del narcotráfico siembran de muertos los pueblos y ciudades. Se han registrado más de 2.700 asesinatos en lo que va de 2008, incluidos los de unos 300 policías. Pero lo que ha hecho saltar las alarmas sociales son los secuestros, que han aumentado en un 40% entre 2004 y 2007. El secuestro y asesinato, a manos de agentes policiales, de un niño de 14 años, hijo de un empresario que había pagado un cuantioso rescate, ha colmado la paciencia de la sociedad. Las empresas de seguros indican que en promedio se denuncian dos secuestros al día, pero recuentos extraoficiales indican que la cifra puede triplicarse con los no denunciados y los llamados secuestros exprés (que duran unas cuantas horas).

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha advertido que México enfrenta "un problema de dimensiones mayores, principalmente por la manera en que operan los servicios de seguridad pública", con una impunidad que alcanza el 99% de los delitos. El próximo sábado, 14 organizaciones civiles, a las que se han sumado sindicatos y patronal, han convocado una marcha para protestar contra el crimen organizado y exigir a las autoridades que se cumplan todos los acuerdos alcanzados.

El gran acuerdo contra la delincuencia

- El Acuerdo Nacional por la Seguridad implica a todos los poderes del Estado.

- El Gobierno federal se compromete, entre otros puntos, a poner en marcha un plan contra el lavado de dinero, establecer un documento nacional de identidad, reformar los centros de formación de la policía federal, fijar un programa de recompensas, crear una base nacional de datos de teléfonos móviles y construir dos penales de máxima seguridad con áreas para secuestradores. El plazo: entre seis meses y tres años.

- El Congreso deberá impulsar en el próximo periodo de sesiones una ley antisecuestros que obligue al cumplimiento íntegro de las penas, y otra ley contra la venta de drogas. También deberá acelerar la reforma judicial que dará paso al sistema acusatorio. Se aprobarán para 2009 unos presupuestos históricos en materia de seguridad.

- El Poder Judicial dispondrá de un plazo de entre seis meses y un año para nombrar jueces y magistrados especializados en crimen organizado, con salarios y protección acordes al riesgo, y para establecer la rotación permanente de los administradores de justicia.

- Los Gobiernosde los 32 Estados y el Distrito Federal tendrán hasta dos años para crear y formar unidades antisecuestros, depurar sus policías, homologar las leyes en materia penal y construir diez nuevas cárceles.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 22 de agosto de 2008

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