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Tribuna:

Crisis sociales, riesgos manipulados

No son las dificultades las que vencen a los hombres, sino el temor", afirmaba Shakespeare. Y el temor es una sensación que puede fabricarse, como puede aliviarse o acentuarse, de forma inconsciente o consciente. No sólo la influencia de las religiones, sino también el poder en general, se articula frecuentemente sobre la conveniente manipulación de riesgos y temores. El riesgo, la sensación de riesgo, aumenta con la globalización. Y su esencia cambia. Los ciudadanos del mundo tienen la impresión de estar metidos en una turbina de la que pueden salir despedidos en cualquier momento.

Mientras en el pasado, muchos daños se atribuían a los dioses, la naturaleza o simplemente al destino, hoy, la mayor parte de los peligros que nos amenazan parecen descansar sobre decisiones humanas. Anthony Giddens los denomina riesgos manufacturados, porque suelen estar relacionados con la búsqueda de ventajas económicas en procesos industriales insuficientemente garantizados. Incluso las catástrofes naturales o el cambio climático han dejado de ser accidentes para ser hechos imputables moral, política y jurídicamente a los hombres. Los dioses hace tiempo que son inocentes.

La creciente fragilidad y precariedad laboral no impide que se fuercen cambios legales urgentes

En el terreno social también es habitual esa forma interesada de manipulación de riesgos. Cualquier fenómeno como el terrorismo, la inmigración, la dialéctica entre religiones y culturas, puede facilitar decisiones de las que obtener ventaja inmediata, bien sea en forma de venta de armas o de apropiación de recursos petrolíferos. Sólo se precisa que los temores que provocan hayan sido convenientemente tratados y manipulados. La crisis demográfica y el envejecimiento de la población son otro ejemplo. Desde los años noventa se ha asumido el riesgo de quiebra de las pensiones en un horizonte lejano. Ese riesgo futuro se convirtió, en seguida, en oportunidad inmediata para obtener ventajas; por un lado, en forma de negocio para fondos de pensiones privados; por otro, político y social, al conseguir que sindicatos y trabajadores aceptaran ajustes o asumieran leyes restrictivas.

Ese riesgo ha estado alimentado de múltiples noticias. Tomemos tres ejemplos de 1996. "La ONU estima que la población española será de 29 millones en 2050", decía una. Diez años más tarde se acaban de superar los 46 millones y la natalidad se ha recuperado. "Expertos -decía otro titular- presentan informe que confirma la necesidad de complementar las pensiones con fondos privados". La noticia no mencionaba que el escenario elegido utilizaba, como hipótesis, una tasa de desempleo creciente hasta llegar al 26% en 2005, para luego descender hasta el 20% en 2010. El "riguroso" informe estaba patrocinado por la fundación BBVA y coordinado por José Barea, el que fuera jefe de la oficina económica de Aznar. En el mismo año, la Dirección General de Migraciones consideraba que la entrada de 20.000 personas al año era el "cupo deseable" para la economía española y desechaba como inasumible "un techo de 100.000 inmigrantes". ¿Error o manipulación?

En cualquier caso, esas cifras y noticias sobre demografía, desempleo o inmigración contribuyeron a generar el miedo escénico necesario para desequilibrar las relaciones sociales y debilitar el Estado de bienestar y las fuerzas progresistas. El descenso del peso de los salarios en la economía, excepcional en una fase expansiva, es una de sus consecuencias. En la zona euro ha caído un 13% desde 1980, casi el doble que en los países industrializados. En España, entre 1995 y 2007, pese al fuerte crecimiento económico, han perdido 6 puntos porcentuales en el PIB, mientras que el salario real medio ha bajado un 5%. La batalla continúa. La creciente fragilidad y precariedad laboral no impide que se fuercen cambios legales urgentes que descargan sobre el trabajo la solución al envejecimiento social en forma de prolongar varios años la vida laboral.

De forma sutil, la ortodoxia económica, apoyada por el tremendo poder mediático de los grandes centros de opinión, ha conseguido presentar como un problema exclusivo de los trabajadores lo que es un problema común de toda la sociedad. Ha conseguido que se focalice como un déficit de la Seguridad Social, la caja particular de los trabajadores, lo que, en todo caso, debiera asociarse a un déficit de la caja general de los ciudadanos, que es la hacienda pública. ¿Tiene sentido? La hacienda pública financia, por ejemplo, las pensiones no contributivas al considerarlas un derecho ciudadano. ¿Puede desentenderse de financiar con el conjunto de impuestos los costes del envejecimiento de la población?

Afrontado entre todos, es más fácil encontrar soluciones. El incremento del gasto social relacionado con el envejecimiento se estima -¡para 2050!- en un 4,6% sobre el PIB en el promedio de la UE. Se presenta como "insoportable", pero resulta que es menor que la transferencia de renta desde el trabajo al capital provocada en los últimos años, antes citada.

En un entorno de desarrollo tecnológico no tiene sentido que la sociedad abandone cualquier horizonte de mejora incubado durante siglos. Ahora, más que nunca, genera suficiente riqueza para abordar cualquier crisis y financiar cualquier proyecto sostenible. Debe, eso sí, repartir mejor su carga. Y saber combatir los riesgos manufacturados y el reclamo interesado de soluciones urgentes. Cuando se afronta una nueva crisis, ésa es la mejor enseñanza. Sólo así es posible decir: "¡Juntos podemos!".

Ignacio Muro es economista

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 7 de agosto de 2008