Los sindicatos de los centros públicos también rechazan la futura norma, aunque por otra razón: por entender que mima a los concertados y les confiere menos obligaciones. La piedra de toque, sostienen las públicas, está en la acogida de alumnado inmigrante. "Muchos se sorprenderían ante el porcentaje de inmigrantes que acogen las concertadas", contrapuso el portavoz de los padres y madres de escuelas laicas, Antoni Arasanz. Pero la desproporción en el reparto de extranjeros entre centros concertados y públicos es tajante, pese a que los dos están financiados con dinero público. Los concertados concentran el 38,5% de las plazas escolares, pero sólo tienen el 17% de los alumnos extranjeros, entre los que figuran alumnos de países europeos ricos. La escuela pública acoge al 83% restante de inmigrantes, entre los que hay una gran presencia de escolares sudamericanos, subsaharianos y magrebíes. El dato no evitó que Arasanz exigiera mayor igualdad de tratos en una ley que ha enconado todas las posturas.

CC OO y USTEC, abanderados de los dos posturas sindicales, están limando asperezas para reflotar la unidad en las protestas. Ésta quedó mermada cuando CC OO y UGT se sentaron a negociar con Maragall. Tras la nueva versión de la ley, están dispuestos a levantarse de la mesa para salir a la calle. "Habrá manifestaciones cuando empiece el próximo curso, y esperamos que sean unitarias", apuntó un portavoz de USTEC. Los dos sindicatos se reunirán la semana que viene para plantar cara a la futura norma.

El Departamento de Educación obvió ayer estas críticas porque el texto aún no es definitivo. De hecho, la ley ya ha sido reformada con vistas al Consell Executiu del martes, que debe avalarla antes de remitirla al Parlament. Se ha reforzado el papel y las funciones de la Generalitat como titular de los centros públicos, entre otros cambios.

El gesto persigue atemperar el rechazo de ICV, integrante del tripartito. La formación no apoyará el texto si no unifica derechos y obligaciones de los centros públicos y concertados catalanes; pero en el sentido opuesto al que reclaman los concertados. El consejero de Educación, Ernest Maragall, admitió desconocer si ICV apoyará o no la ley.