El primer preso juzgado en Guantánamo niega todos los cargos

A pesar de que la cárcel de Guantánamo (Cuba) se ha convertido en sinónimo de ignominia y torturas, de que el Tribunal Supremo estadounidense ha reconocido que los presos tienen derechos constitucionales -incluido el de defenderse ante los tribunales civiles- y de que las asociaciones de derechos humanos llevan años exigiendo su cierre, el presidente de EE UU, George W. Bush, quiere llevar su proyecto de prisión antiterrorista hasta el final en sus últimos meses de mandato. Ayer comenzó en la base militar el primer juicio de crímenes de guerra que celebra este país desde la II Guerra Mundial. El acusado y supuesto "combatiente enemigo ilegal" es un yemení que trabajó como chófer del líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden.

"Este hombre no es más que un simple conductor", afirma el abogado defensor

El tribunal no está sujeto al derecho internacional ni al estadounidense

La ley que se va a aplicar a Salim Hamdan no está clara. La "comisión militar" que va a juzgarlo es un tribunal de excepción que no está sujeto al derecho internacional ni al estadounidense, pero que podría condenarlo a cadena perpetua por "conspiración y entrega de apoyo material para terrorismo". Para probar estos cargos podrán usarse testimonios obtenidos con métodos como el ahogamiento fingido, al que el Gobierno de Bush niega la categoría de tortura.

Hamdan, según la acusación, conducía un coche lleno de armas cuando fue detenido en 2001 en Afganistán. Ayer se declaró inocente en la primera sesión de juicio, al que han acudido como observadores abogados, organizaciones de derechos humanos y periodistas. El acusado ha reconocido que trabajó como chófer en una granja propiedad de Bin Laden en Kandahar (Afganistán) a cambio de 126 euros al mes, pero ha negado que estuviera involucrado en ninguna actividad terrorista. "Este hombre no es más que un simple conductor", asegura desde Guantánamo uno de sus abogados, Charles Swift. "El chófer de Hitler tampoco fue culpable del Holocausto", añade. A pesar de que Hamdan no es una pieza clave, para el Gobierno es importante la condena. Una absolución cuestionaría de nuevo la legitimidad de las comisiones militares y pondría en peligro los juicios pendientes contra los supuestos cerebros del 11-S.

Ninguno de los casi 800 detenidos que han pasado por Guantánamo había sido juzgado por las comisiones militares. "Detenido" es el eufemismo que usa el Gobierno para referirse a presos que llevan años encarcelados. En estos momentos quedan en la prisión unas 270 personas, 420 han sido liberadas sin cargos y sólo se han presentado acusaciones formales contra una veintena. El australiano David M. Hicks se declaró culpable de un delito de terrorismo el año pasado, lo devolvieron a su país y ya está libre.

Los abogados de Hamdan intentaron la semana pasada paralizar este juicio. Después de que a mediados de junio el Tribunal Supremo sentenciara que los presos podían defenderse ante la justicia ordinaria, los letrados alegaron que no tenía sentido celebrar un juicio que después podría ser revocado por un tribunal civil. No tuvieron éxito: un juez federal, que estuvo sometido a una considerable presión, rechazó la petición.

Los procesos, eso sí, permiten a los acusados testificar en público. Hamdan habló el martes pasado en una vista previa al juicio y describió su traslado de Afganistán a Guantánamo con estas palabras: "Fueron tan terribles los dolores que realmente no puedo explicarlos". Aseguró que, en 2003, le impidieron dormir durante 50 días golpeando su puerta cada pocos minutos.

Salim Hamdan consiguió una de las resoluciones más relevantes del Supremo, en junio de 2006. El Tribunal determinó que las comisiones militares eran ilegales y que el Gobierno estadounidense tenía la obligación de considerar prisioneros de guerra a los encarcelados en Guantánamo y cumplir con la Convención de Ginebra. No sirvió de mucho. Como el Supremo había dicho que las comisiones eran "ilegales", el Gobierno elaboró una ley.

Una norma aprobada meses después por el Congreso -con mayoría republicana entonces- decretó que los "combatientes enemigos" serían juzgados por tribunales militares especiales y les privó de su derecho de hábeas corpus, la capacidad legal para exigir ser informado de los cargos que se imputan y pedir la liberación.

La última decisión del Supremo, de hace escasas semanas, supuso otro varapalo a la acción del Gobierno del presidente Bush. Aunque los juicios en las comisiones militares que ya están en marcha sigan adelante, esta vez la sentencia obliga al Gobierno de Estados Unidos a tomar una decisión sobre los presos que quedan en Guantánamo y están empezando a recurrir sus encarcelamientos ante los tribunales civiles. Ayer, el fiscal general dijo que para que puedan ejercer sus derechos sin poner en peligro la seguridad nacional sería necesario que el Congreso aprobara una nueva ley.