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Venezuela tiene las peores prisiones de América Latina

El riesgo de morir asesinado dentro de un penal es más alto que en la calle

El 4 de julio de 2008 fue un día de suerte. La Guardia Nacional de Venezuela decomisó un arma durante la inspección de rutina en el Centro Penitenciario de Yare, a 60 kilómetros de Caracas. Luego vino el fuego cruzado entre reclusos y guardias.

Hubo 11 heridos: siete internos, tres militares y el director del penal. Fue una suerte que nadie muriera.

El Gobierno quiere construir "cárceles socialistas" para lograr la reinserción

En sus estadísticas sobre Venezuela, Human Rights Watch recoge una tasa anual de 20 homicidios por cada 1.000 prisioneros en 2008. "El riesgo de morir violentamente es mayor dentro de prisión que fuera de ella", se asegura en el informe de la ONG estadounidense. Un dato significativo: sólo en Caracas hay 45 asesinatos cada fin de semana.

Los datos de 2007 del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) recogen la muerte de 598 reclusos y heridas en 1.023: inspecciones que devienen en balas y enfrentamientos entre bandas delictivas. En 2006 murieron 412 presos e hirieron a 982. En 2005, fueron 408 los fallecidos. Han muerto 2.852 presos en ocho años en las cárceles venezolanas, que están catalogadas entre las más violentas de América Latina.

"Uno está preso, y si lo matan, pues qué más da". El Caliche, el nombre de guerra de este venezolano de 32 años condenado a nueve por tráfico de cocaína, está resignado a aparecer cualquier día en la lista de los muertos. Pero mientras siga vivo, protesta por las condiciones en que debe cumplir su pena, y lo hace con todos los suyos. El 22 de junio participó en el secuestro de 210 familiares de los reos, entre los que se contaban su esposa y sus dos hijos, de cuatro y 10 años de edad. "Ahora está mi mujer pidiendo una cita con el psicólogo. Lloraba, nunca había visto una cosa de ésas", contó a EL PAÍS después de liberar a su familia tras ocho días de secuestro. Esa semana, otra cárcel copió la táctica con 300 cautivos.

Protestas como éstas se duplicaron durante 2007: secuestros, huelgas de hambre y bocas cosidas en carne viva cuando éstas no causaban efecto. Las razones esgrimidas fueron hacinamiento y lentitud de la justicia. En los 30 penales construidos para 8.000 presos viven 22.000 reclusos (69 españoles).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido cuatro medidas provisionales entre 2006 y 2008 en las que exhorta al Gobierno venezolano a adecuar las condiciones de vida en las cárceles a los estándares internacionales. "Somos el país de América que tiene el mayor número de medidas provisionales de protección para que se salvaguarde la vida, la integridad y las condiciones de la restricción de la libertad de los reclusos", dice Carlos Ayala Corao, ex presidente de la CIDH. "Hay algunas pautas que se le han dado al Estado para que dé cumplimiento a las medidas, y si bien se han hecho algunos esfuerzos, no se han superado los problemas".

En un intento por resolver la crisis, el ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, prometió: "En un plazo muy corto, vamos a tener verdaderas cárceles socialistas, donde los internos serán rehabilitados y reinsertados, tomando en cuenta a sus familiares como pilar fundamental de este proceso". El plan es inaugurar antes de fin de año cuatro centros que comenzaron a construirse en 2004, cuando el Gobierno decretó la emergencia carcelaria y anunció inversiones de 110.000 millones de bolívares (30.000 millones de euros).

Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, es escéptico. "Las autoridades no han atendido los problemas de fondo". Para él, un verdadero programa de recuperación consistiría en combatir el ocio con educación y trabajo, en clasificar la población reclusa (conviven en el mismo espacio asesinos y delincuentes menores), y en aplicar las normas de seguridad, sanidad y alimentación.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 14 de julio de 2008