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Tribuna:

Tras el debate sobre la crisis

El reciente debate sobre la crisis en el Congreso de los Diputados no ha sido tan esclarecedor como muchos deseaban. En parte, no lo ha sido porque esta crisis tiene características tan complejas que es muy difícil precisar cuándo y cómo se producirá su superación. Y aunque Zapatero anunció un rosario de medidas tomadas o previstas para afrontarla, la acumulación de cifras y porcentajes hacía muy abstruso su discurso. En cuanto a la oposición, no discutió las medidas concretas que fueron expuestas. Se centró sobre todo en que el Gobierno había ocultado deliberadamente la crisis para ganar las elecciones.

Si Rodríguez Zapatero quería evitar la alarma de ciudadanos y sectores económicos negándose a hablar de crisis, supongo que a estas horas se habrá dado cuenta, viendo su aislamiento parlamentario, de que se equivocó. De todas formas, no se puede reducir el debate a algo que recuerde la fábula: si son galgos o podencos, si una crisis o una desaceleración. La cuestión es otra: ¿podía el Gobierno tomar medidas preventivas para impedir el desencadenamiento de la crisis? ¿Estaba esto dentro de sus posibilidades, como parece desprenderse del discurso de Rajoy?

Claro que hay una política económica de izquierdas y otra de derechas

En las situaciones favorables al crecimiento, todos los Gobiernos terminan apuntándose los resultados positivos. Aunque estos estén más bien propiciados por el ciclo, los presentan como un resultado de su buena gestión. Y la gente no muy bien informada lo entiende así. Pero igualmente, cuando vienen mal dadas, esa gente a quien culpa es al Gobierno.

En realidad, en el sistema globalizado en que vivimos, la mayor parte de los Gobiernos nacionales tienen muy escaso papel en el hecho de que el ciclo económico sea o no positivo. Los poderes que realmente dirigen la economía son los centros de las finanzas y del alto empresariado. Por eso, al enjuiciar la crisis, acusar de ella al Gobierno es una trampa. Tras la II Guerra Mundial, y aún más claramente después del hundimiento del llamado "socialismo real", la libertad de mercado se ha impuesto rotundamente. Han triunfado las tendencias a la privatización de las actividades económicas y se ha negado a los Estados -y, por consiguiente, a los Gobiernos- toda intervención en estas cuestiones.

La libertad de mercado significa hoy que quien tiene el poder sobre la economía son unos individuos que han tenido la habilidad de convertirse en los dueños de las finanzas y las grandes empresas y que proceden, con arreglo al criterio del máximo beneficio, a su antojo, sin ningún control público efectivo. Y cuando se equivocan, pueden provocar seísmos económicos y sociales, como el que estamos viviendo.

En su mayoría, los Estados y los Gobiernos han perdido soberanía y autoridad. Porque los organismos supranacionales la han limitado seriamente y, además, velan cuidadosamente por la estricta aplicación de la libertad de mercado.

Es decir, la globalización tal como existe hoy ha ido distanciando los poderes económicos del poder político. El poder político va siendo relegado en este ámbito a un papel secundario. La política ya no dirige la economía; son los poderes económicos los que deciden autónomamente.

Recuerdo los tiempos en que los partidos burgueses condenaban a los marxistas por su determinismo económico, lo que llamaban su materialismo, mientras ellos se consideraban idealistas. Ahora son los capitalistas los que han convertido en regla el determinismo económico. La economía -y, por tanto, ellos que la poseen- es lo que determina todo.

Zapatero y su Gobierno tienen muy poco que ver con las causas de esta crisis. Si algún Gobierno español tuvo algo que ver, sería, en todo caso, el de José María Aznar por su implicación en la guerra de Irak, acontecimiento que sí tiene influencia sobre los problemas que vivimos. Pero ni en esa guerra, ni en la carestía de la vida -originada por la del petróleo-, ni en el estallido de la burbuja inmobiliaria pueden atribuirsele responsabilidades particulares al Gobierno de Zapatero. El Estado no tiene poderes para frenar la especulación capitalista.

Estos factores no fueron tenidos en cuenta en el debate parlamentario. Sin embargo, en el discurso de Zapatero hubo algo esencial que la izquierda tiene que sostener: las medidas previstas por el Gobierno tienen una pauta progresista: tratan de conseguir que no resulte afectado el gasto social, quieren mantener al mejor nivel posible las condiciones de vida de los trabajadores y las gentes modestas. Es lo que Zapatero denominó "una estrategia socialdemócrata frente a la crisis".

Y esto es en el fondo lo que no gustó a Rajoy y a la derecha, que inmediatamente han sacado el tópico de que frente a la crisis no hay política de izquierda o de derecha. Es falso: frente a la crisis del 29 en Estados Unidos hubo estrategias diferentes, la de Hoover y la del New Deal, que prevaleció con Roosevelt y que fue una estrategia progresista que ha dejado honda huella. Pienso que la izquierda y los progresistas estamos obligados a apoyar a Zapatero en la estrategia por él definida y a evitar caer en el juego de la derecha que consiste en supervalorar errores secundarios para lograr lo de siempre: que la crisis la paguen las capas más modestas de la sociedad.

Lo inquietante a este respecto es la debilidad parlamentaria del Gobierno. Zapatero debe ser consciente de ello y tomar la iniciativa de la comunicación a los ciudadanos, a la calle. A su vez, éstos, por su propio interés, tendrían que apoyarle.

Santiago Carrillo, ex secretario general del PCE, es comentarista político.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 8 de julio de 2008