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COLUMNA

Advocación para la letanía

No sé quien tuvo la ocurrencia de venderle a Francisco Camps el despropósito de impartir en inglés la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Pero, desde luego, suya es la responsabilidad por haber comprado semejante lindeza. Hay gobernantes a los que las grandes victorias electorales se les suben a la cabeza, los laureles echan raíces en las sienes y no son conscientes de que en la cima se está al borde del abismo.

Hay una primera cuestión que no por evidente puede dejar de repetirse. La orden de la Generalitat de impartir en inglés Educación para la Ciudadanía, o cursarla mediante un trabajo de tema libre es manifiestamente un fraude a la Ley Orgánica de Educación (LOE), como en su día tendrán que declarar los tribunales de justicia. Es una deslealtad democrática y una perversión del sistema autonómico que rompe toda la pirámide de la jerarquía normativa. Es un timo legal que roza el género bufo. Es pura chocarrería leguleya, impropia de un país civilizado. Parece una mezcla de los barnices de legalidad del Plan Ibarretxe y de las trapacerías de Silvio Berlusconi.

En un país con unos niveles de inglés tan bajos que a la mayoría de los estudiantes les cuesta comprender en versión original una película del oeste, suponer que van a asimilar ideas abstractas significa condenar, de antemano, la asignatura al fracaso. Es difícil encontrar otra explicación. Y si es eso lo que se pretende, se ha actuado con cobardía política y con grandes dosis de irresponsabilidad. En un país en los que los recursos educativos públicos son escasos y en los que los estudiantes tienen grandes lagunas en lengua, en matemáticas, o en inglés, destinar recursos docentes a boicotear la política educativa del Gobierno de la Nación es una temeridad. Algo absolutamente sorprendente en un político como Camps, que se las da de gobernar con prudencia.

Los profesores del Instituto Ballester Gozalvo han marcado el camino, no quieren ser cómplices de la estrategia de la Generalitat de rebelión contra la LOE y han decidido impartir la asignatura en castellano o en valenciano. Para los profesores es una cuestión de dignidad profesional. La posición de la Consejería de Educación, exigiendo el cumplimiento de su orden, cuando la Generalitat ha sido la primera en conculcar la LOE, suena absolutamente farisaica. Ante este asalto a la razón, al titular de la consejería, Alejandro Font de Mora, no le ha quedado más argumento que la coacción, amenazando a los profesores con la suspensión de empleo y sueldo. Se consuma así otra barbaridad, convertir en un campo de batalla el gran espacio de formación de la ciudadanía.

Es difícil interpretar tanto despropósito. Cuesta pensar que pueda ser así. Semejante cadena de insensateces solo puede comprenderse desde una manifiesta voluntad de deteriorar la enseñanza pública. Stanislaw Lew hablaba de un extraño snob que soñaba con que en su tarjeta de visita figurara delante de su apellido no un Dr. o un Conde, sino un San. Y es que algunos comportamientos solo se pueden entender desde la fe ciega del sectarismo religioso. En España, Educación para la Ciudadanía; en Valencia, con flores a María. Ciertamente los caminos del Señor son inescrutables, pero algunos viajes al centro, por inacabables, parecen infinitos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 1 de julio de 2008