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Berlusconi busca la impunidad legal en Italia

El primer ministro anuncia una ley que impedirá juzgar a las altas autoridades

Tras un mes de luna de miel con los italianos, un índice de popularidad del 68%, mucho diálogo con la oposición e iniciativas legislativas (basuras, inmigración, seguridad ciudadana...) diseñadas para cultivar su nueva imagen de estadista, Silvio Berlusconi vuelve a sus esencias. En sólo 24 horas, desencadena una ofensiva contra jueces y fiscales, presenta decretos para bloquear los procesos en los que está imputado, irrita al presidente de la República, escandaliza a la oposición y es acusado de legislar para sí mismo violando la separación de poderes.

Los abogados del jefe de Gobierno recusan a la juez del 'caso Mills'

Tras mandar al Senado dos enmiendas que paralizarán durante un año los procesos de los delitos cometidos antes de 2002, fecha que cubre aquellos en los que él está imputado, Berlusconi ha enviado una carta abierta al presidente del Senado donde acusa a los "magistrados de extrema izquierda" de "inventar acusaciones fantasiosas" contra él, y en la que anuncia que está ultimando una ley, versión mejorada de otra declarada inconstitucional en 2004 (la llamada lodo Shifani), que impedirá juzgar a las cinco más altas autoridades del Estado mientras estén en activo.

Pero el ataque no se queda ahí. En su carta, Berlusconi escribe que el decreto ha sido "pensado por el bien de toda la colectividad", aunque admite que paralizará "uno entre tantos procesos intentados contra mí". Se refiere al caso Mills, y acusa a la juez y al fiscal de "usar la justicia con fines mediáticos y políticos", y de "estar supinamente inclinados a la tesis acusatoria". Ayer, sus abogados recusaron a la presidenta del tribunal milanés, Nicoletta Gandus.

En el centro del proceso contra Berlusconi está la acusación de haber ordenado el pago de 600.000 dólares (unos 387.000 euros) al abogado inglés David Mills como recompensa por no revelar, durante dos juicios en los que participó en calidad de testigo, informaciones sobre dos empresas off-shore de Mediaset, abiertas según la fiscalía para lavar dinero negro.

El clima de concordia queda hecho trizas. En el Senado, la oposición monta la primera bronca de la legislatura. Algunos portan carteles: "Impunidad para el primer ministro, tolerancia cero para los demás". Hay abucheos, y decenas de peticiones de palabra para obstruir la aprobación del decreto que incluye las enmiendas salva-Berlusconi.

El Partido Democrático, la Unión de los Demócratas Cristianos e Italia de los Valores aparecen unidos por primera vez. Antonio di Pietro declara que "Berlusconi está desplegando una estrategia criminal". El Partido Democrático habla de "golpe de mano" y la Asociación Nacional de Magistrados le acusa de "denigrar y deslegitimar a los jueces".

En el Quirinal, el presidente de la República, Giorgio Napolitano, deja traslucir su indignación por el envío al Parlamento, sin consultarle, de las medidas para congelar los juicios. "Si hubieran estado en el decreto que me enseñaron, no lo habría firmado", declara. El conflicto institucional está servido.

Las medidas más polémicas

- Escuchas judiciales. Los jueces no podrán realizar pinchazos para investigar los delitos penados con menos de 10 años de cárcel. Desaparecen las escuchas para crímenes económicos, financieros y empresariales.

- Juicios. Los jueces deben dar prioridad a las causas penadas con cadena perpetua o más de 10 años, y se suspenden por un año los procesos relativos a hechos anteriores al 30 de junio de 2002.

- Inmigración. Ser un inmigrante ilegal constituirá una agravante cuando se haya cometido un delito.

- Patrullas en las calles. Despliegue de 3.000 soldados en 10 ciudades durante seis meses prorrogables a un año.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 18 de junio de 2008

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