Cruzar el Estrecho y hacerse mayor

Hay menores marroquíes que alcanzan la mayoría de edad poco después de bajarse de una patera o de los bajos de un camión. Si tras cruzar el Estrecho han sido acogidos por los centros de protección de menores, cuando cumplen 18 pueden haber sido declarados en desamparo. O no. Ahí radica una polémica decisiva al afectar a los derechos universales que protegen al menor, y que ha sido cuestionada esta semana por varias ONG.

Tras llegar los adolescentes a los centros, la Junta invierte entre tres y cuatro meses hasta declararles en desamparo, y poco antes de que se conviertan en mayores de edad, la consejería de Igualdad y Bienestar Social informa a la Brigada de Extranjería de la policía y habitualmente el inmigrante, ya mayor de edad, es expulsado. Granada Acoge, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y Acción Alternativa han denunciado que la situación de desamparo no sea "automática", es decir, desde que el menor pisa tierra. La tesis ha sido reforzada por el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, y el Defensor del Pueblo Español, Enrique Múgica. "Estar solo en un país extranjero, sin ningún adulto de referencia, ya es estar en situación de riesgo", razona Múgica en un escrito dirigido a la Junta.

Las tres organizaciones denunciaron una circular que hace un año instaba a los delegados de Igualdad a recabar pruebas, avaladas por informes periciales, de que los padres no son aptos o se desentienden de su cuidado. De este modo, las pruebas oseométricas para determinar la edad no son suficientes y los delegados deben exigir la colaboración de los consulados y las familias de los menores, con lo cual la declaración de desamparo se ralentiza para cumplir con "rigurosidad". "Se les trata más como personas indocumentadas que a menores, cuando debería ser automática. Nos tememos que sea el inicio de futuras repatriaciones irregulares de menores", alerta Silvia Koniecki, presidenta de Granada Acoge.

La circular subraya que la situación actual "contribuye a la saturación de los centros y supone un grave riesgo para los auténticos menores". La Junta asegura que su política respecto a los menores no ha cambiado, de ahí que aún no se ha repatriado ningún menor desde 2002. "Lamentamos esta interpretación porque recabar información no significa que retrasemos el desamparo. Dejemos de ser hipócritas, el sistema de menores tiene límite de edad y a veces el menor se hace mayor de edad en el proceso", valora Carmen Belinchón, directora general de Infancia y Familia y firmante de la controvertida circular.

El origen del desencuentro está en una interpretación muy distinta de la espinosa llegada del menor. La Junta se apoya en el decreto 42/2002, que recomienda contactar con los padres para comprobar su incumplimiento en la tutela, mientras que el Defensor del Pueblo Español argumenta que la Ley 1/1998: "No se puede discutir que el menor extranjero que se encuentra en territorio español sin compañía de un adulto que ejerza de manera efectiva las funciones de guarda, está en situación de desamparo".

Mientras el tratado con Marruecos para solucionar el conflicto sigue empantanado, los menores llegan sin descanso para arriesgar la vida en patera, aunque en últimos años se haya producido un descenso. Cada mes, entre 35 y 50 menores marroquíes llegan a Andalucía, cuya gran mayoría recala en los centros, que siguen batiendo récords: ya albergan 1.210 chicos.