Baena precisó que su ofrecimiento implica la renuncia del Ministerio a realizar la expropiación selectiva del hotel y su posterior derribo, así como la renuncia de la Junta de Andalucía a ejercer el derecho de retracto sobre la compraventa de los terrenos que se realizó en su día.

En ese sentido, fuentes de la Consejería de Medio Ambiente indicaron ayer que la Junta "está a la espera" de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se pronuncie sobre el derecho de retracto ejercido por el Gobierno andaluz y que Azata del Sol recurrió ante el alto tribunal.

Desde la Consejería se insistió en que es el Ministerio "el que lleva las negociaciones sobre el precio del hotel" y que, por tanto, no es competencia directa de la Junta "retomar o no" las negociaciones. Para Azata del Sol, ambas renuncias -la de la Junta y la del Ministerio- dejaría sin efecto los recursos contencioso-administrativos que la promotora tiene interpuestos ante los tribunales de justicia contra ambas actuaciones.

En una carta remitida al Gobierno andaluz, Azata detalló los diez "efectos positivos" que tendría sobre la economía la conclusión de las obras del hotel. Entre ellos, la compañía defiende el efecto movilizador que tendría sobre la inversión privada, la racionalización del gasto público, la desaparición de la "sumamente negativa" imagen del hotel paralizado o la creación de cientos de puestos de trabajo directos e indirectos, entre otras.