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martes, 27 de mayo de 2008

Un juez concede 'papeles' a una inmigrante por su hija española

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Cádiz ha reconocido el derecho a la residencia en España de una mujer boliviana cuya hija, española de nacimiento, corría riesgo de desamparo en caso de que su madre fuese obligada a abandonar el país y no disponer de derecho legal a la estancia. Ésta era la pretensión inicial de la Administración española.

La sentencia, que hace primar el derecho de la hija española a permanecer junto a su madre, abre la puerta de decenas de casos similares que ahora están siendo analizados por diversas jueces en todo el país.

El abogado que representa a la mujer, en nombre de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Diego Boza Martínez, aseguró ayer que este tipo de fallos favorecen la integración. "Recuerdan al Estado español sus obligaciones constitucionales y los acuerdos internacionales para tomar las medidas necesarias que favorezcan la posibilidad de convivencia de súbditos naturales españoles en suelo español, con sus progenitores, sea cual sea la nacionalidad de éstos".

En otros casos, la Administración incluso había desoído las reclamaciones hechas por la oficina del Defensor del Pueblo, para que se diese la respuesta legal necesaria a este tipo de familias.

La sentencia, de seis folios, concluye que la expulsión "provoca ineludiblemente la separación de la hija y de la madre, lo que viola los preceptos de protección a la familia y a los menores", por lo que concluye "el derecho de la recurrente a obtener la autorización de residencia solicitada".

Política "restrictiva"

La Asociación Pro Derechos Humanos pidió ayer en un comunicado que la Subdelegación del Gobierno en Cádiz modifique su política en relación con los padres de hijos de nacionalidad española.

La ONG asegura que, hasta ahora, la representación del Gobierno ha venido practicando una política "súper restrictiva" en relación con los derechos de estas personas, hasta el punto de convertirse en "un auténtico muro con el que chocan los derechos más elementales de las personas inmigrantes".

El abogado de la defensa reconoció que, sólo en su bufete, están siendo tratados "decenas" de casos de similares características, que ahora podrán acogerse a la jurisprudencia establecida por el juez Contencioso Administrativo 2 de Cádiz.

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