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Análisis:

El síndrome de Eliot Ness

Eliot Ness y su incorruptible grupo de agentes conocidos como Los Intocables, hartos de que nunca hubiera pruebas para condenar al sanguinario capo de la Mafia Al Capone, Scarface, responsable de cientos de asesinatos en Chicago como los de la matanza del día de San Valentín, decidieron en 1930 cambiar de táctica. En lugar de acusarle de los crímenes, Ness consiguió procesarle por evasión de impuestos. En 1931, Capone fue condenado a 11 años de prisión.

El tesón de Ness para evitar la impunidad de Capone está considerado como el paradigma de la excelencia en la investigación policial. Pero si los métodos utilizados bordean la legalidad y las pruebas que se encuentran tras años de investigación, lejos de confirmar la implicación de los imputados, son indicios de su inocencia, la perseverancia en la acusación se convierte en empecinamiento y la probidad en la mugre de la virtud.

Del Olmo reconoce que no hay pruebas de que 'Egunkaria' financiase a ETA

Y es que, en verano de 2001, un capitán de la Guardia Civil presentó un informe al juez Baltasar Garzón que se basaba en una atípica interpretación de unos documentos incautados a la dirección del aparato político de ETA y que concluía que el diario Egunkaria, el único que en aquellos momentos se editaba íntegramente en euskera, había sido creado por la banda terrorista para servir a sus fines y difundir su ideología.

Lo malo es que la policía ya había interpretado que esos documentos se referían al diario proetarra Egin y el 15 de julio de 1998 habían servido de base al magistrado para la clausura del citado periódico por ser un instrumento de ETA. Y la Guardia Civil lo sabía.

Garzón, al rechazar el informe que le presentaban, indicó al capitán del instituto armado que los documentos en los que se basaba formaban parte de la investigación del caso Ekin, que él tenía abierta, y que habían sido gestionados por Jesús de la Morena, jefe de la Unidad Central de Inteligencia (UCI) de la policía.

El citado capitán, que ya no forma parte de la Guardia Civil, lejos de aceptar la decisión del juez, acudió al entonces jefe de la Fiscalía de la Audiencia, Eduardo Fungairiño, para tratar de colar su informe. Durante la entrevista, Enrique Molina, fiscal adscrito al juzgado de Garzón y encargado del caso Ekin, entró en el despacho del fiscal jefe y al darse cuenta de la maniobra reprochó al oficial que con su actitud pusiera en peligro el proceso por el cierre de Egin.

Sin embargo, Fungairiño, que en aquella época ya tenía diferencias con Garzón como consecuencia del caso Sogecable, decidió apadrinar el informe y lo hizo suyo en una querella que presentó ante el juez Juan del Olmo.

Del Olmo asumió el informe de la Guardia Civil con la pasión del converso y, en febrero de 2003, tras cerrar Egunkaria, bloquear sus cuentas y detener a nueve de sus directivos, a los que mantuvo cinco días incomunicados, señaló que aquella publicación fue "creada, financiada y dirigida por ETA, teniendo un lugar en las estructuras de la banda y unos enlaces determinados para recibir las directrices de la misma y poder remitir información". Y añadía que constituía "una estructura informativa en euskera para facilitar la difusión del ideario terrorista".

Martxelo Otamendi, hombre de prestigio en el País Vasco, que era en esa época director de Egunkaria, y otros detenidos denunciaron haber sido objeto de malos tratos, mientras el ex director Peio Zubiria intentó suicidarse en el hospital tras una crisis de ansiedad padecida durante su detención. Aunque había visos de verosimilitud en las denuncias, todas acabaron archivadas por falta de pruebas.

Mientras tanto, Del Olmo registró varias veces las dependencias del diario y los domicilios de los detenidos, pero, a pesar de ello, no aparecieron nuevas evidencias. Quedaban en la causa las incautadas a miembros de la dirección de ETA, entre ellos, los famosos documentos de Garikoitz y de Hontza, ya utilizados en el cierre de Egin. Garikoitz es el apodo usado por Xabier Alegria, dirigente de KAS, consejero de Orain, la editora de Egin, y de Egunkaria que, en su calidad de enlace, informaba a la dirección de ETA de la situación y proponía acciones a realizar, como quedó acreditado en el juicio del caso Ekin. Alegria fue condenado a 18 años de cárcel por pertenencia a ETA en grado de dirigente y otros delitos. Hontza es el seudónimo de José Luis Elkoro, histórico dirigente de Herri Batasuna, ex senador, ex alcalde y también consejero de la editora de Egin, que también mandaba cartas a ETA y que en la misma sentencia ha sido condenado a 24 años.

Pero el empecinamiento de Del Olmo con Egunkaria fue evidente cuando en 2004, tras hacerse cargo de la instrucción de los atentados del 11-M, renunció a todos los procesos de su juzgado, excepto al caso Egunkaria.

Sin embargo, las cosas son como son y no como algunos quieren forzar y frente a la querella de Fungairiño y a su orden de respaldar el procesamiento dictado por Del Olmo, el fiscal Miguel Ángel Carballo, de acuerdo con criterios técnicos y estrictamente jurídicos, solicitó en diciembre de 2006 el archivo del caso por no haber pruebas suficientes. Se investigaba "la presunta implicación de la empresa del diario en lengua vasca Egunkaria en un entramado empresarial dirigido a la financiación de la banda terrorista ETA". Esa investigación no llegó "a buen puerto", según el fiscal, que señalaba que el propio juez Del Olmo reconocía que no se había logrado "acreditar ni que el periódico fuera fuente de financiación de ETA, ni instrumento de blanqueo de capitales ilícitos procedentes de la banda".

Todos los documentos son de antes de 1993 y, a pesar de los años de investigación, no se ha encontrado ni un documento posterior que permita sostener las acusaciones de que en los 10 años de su publicación Egunkaria hubiera sido un artificio legal para cumplir los fines de ETA, ni siquiera que la línea editorial fuera favorable a justificar o minimizar los crímenes de la banda, como ocurría con Egin.

Para el fiscal Carballo, es evidente el interés de ETA en el proyecto de un diario escrito en euskera y hasta su deseo de situarlo bajo su control, pero no se ha encontrado ningún documento de los procesados que haga referencia a la intervención de ETA en Egunkaria. La banda estaba informada por Alegria de lo que ocurría allí, pero los terroristas ni tenían el control ni podían imponer su criterio en el nombramiento de directivos.

Finalmente, Carballo se hace la pregunta del millón: "Si Egunkaria no es instrumento de financiación o de blanqueo de fondos provenientes del terrorismo, ni el periódico da un apoyo expreso o tácito al terrorismo de ETA, ni se fomenta ni se legitima la violencia, ¿de qué le sirvió a los fines de ETA la actividad del diario?".

Lo único que tras el cierre del periódico pudo descubrirse fueron documentos que revelaban la posible existencia de falsedad contable y de evasión de impuestos. Pero estos delitos sin el marchamo de servir a una banda terrorista se han convertido en meros delitos comunes que no deben perseguirse en la Audiencia Nacional, sino en el País Vasco.

Mientras tanto, en la Audiencia Nacional, tras la petición de archivo del fiscal, se han planteado vistas previas sobre si el proceso por terrorismo puede continuar con el único apoyo de asociaciones de víctimas, que ejercen la acción popular, o si se puede juzgar dos veces a Alegria por el mismo delito.

Pase lo que pase, el caso se ha convertido en una patata caliente que no quiere nadie.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 26 de mayo de 2008