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Italia aprueba el decreto que convierte la inmigración ilegal en delito

El Gobierno de Berlusconi declara zonas militares los vertederos de Nápoles

Primer consejo de ministros del tercer Gobierno de Silvio Berlusconi. En las calles de Nápoles, unos 800 manifestantes gritan: "Ni racismo ni intolerancia, igualdad". Suena a canto del cisne. El Gabinete aprueba el paquete de seguridad Maroni: la inmigración ilegal será considerada un delito. Además, los sin papeles que cometan un delito verán su pena agravada en un tercio; los alcaldes tendrán poderes para controlar y expulsar a los extranjeros, comunitarios o no; para vivir en el país, éstos deberán demostrar que tienen casa, renta y un seguro médico. Los sin papeles podrán ser retenidos en centros temporales 18 meses en vez de los dos actuales.

Se prevén penas de seis meses a cuatro años de prisión para los clandestinos

El Gobierno presenta en el Palacio Real de Nápoles su prometida vuelta de tuerca, un conjunto durísimo de medidas. En un 80%, se dedican a restringir la entrada, la libre circulación y los derechos de los ciudadanos extranjeros que residen en el país. Se diría que la mayoría de las medidas, más que para garantizar la seguridad, han sido diseñadas para expulsar de forma inmediata a rumanos y gitanos.

El paquete estará en vigor antes del final de julio, aseguró el ministro de Interior, Roberto Maroni, aunque unas medidas serán automáticas, porque forman parte del decreto; otras se aprobarán en el Parlamento por vía de urgencia. Maroni asegura que las 30 medidas respetan las normas europeas y que ocho se dedican a la lucha contra la mafia.

Maroni vende el artefacto de manera caótica, sin detenerse en el detalle, mezclando medidas jurídicas, policiales, políticas. Pero lo que se esconde detrás es una verdadera ley de extranjería inédita por su dureza. Los eslóganes xenófobos que alimentaron la campaña de la Liga Norte y el Pueblo de la Libertad se han escrito negro sobre blanco. Ahora son la ley: "Los italianos quieren seguridad"; "fuera los campamentos gitanos"; "caza a los rumanos, vienen a robar".

Ser extranjero será muchísimo menos fácil que ser italiano. Comunitario o no, si es extranjero y entra o permanece en Italia de modo irregular, podrá ser condenado a una pena de entre seis meses y cuatro años de cárcel. Si delinque, la pena le será elevada automáticamente en un tercio.

El decreto establece muchas obligaciones y ningún derecho para los inmigrantes. Ni una palabra sobre los ataques racistas a los campamentos gitanos. Se endurecen las condiciones para el reagrupamiento familiar, que se limita a padres e hijos, previa prueba de ADN. Los que pidan asilo político no podrán moverse del lugar asignado por el prefecto. Los que alquilen casas a extranjeros ilegales arriesgan entre seis meses y tres años de cárcel, multa de 50.000 euros y la confiscación del piso.

El decreto busca también devolver el decoro a las ciudades. Los alcaldes refuerzan sus poderes represivos. Podrán echar a los vendedores de bolsos falsos, a los que anden sin oficio, obligar a limpiar los monumentos a quienes los ensucien. El modelo del alcalde-sheriff de la Liga Norte tendrá escala nacional.

"Estamos en Nápoles para decir que el Estado volverá a ser Estado", dice Silvio Berlusconi. "Los italianos tienen derecho a no tener miedo, es un derecho primario". Es su único comentario sobre inmigración. Hay 500 periodistas acreditados, pero apenas se permiten seis preguntas: todas sobre basura y economía.

El primer ministro desgrana los 17 artículos del plan que "solucionará de manera definitiva la crisis de los residuos de Nápoles". "Usaremos la autoridad y la fuerza", promete. Se nombra secretario de Estado vinculado a la presidencia del Consejo al director de Protección Civil, Guido Bertolaso, que tendrá poderes sobre los alcaldes. Se declaran zonas militarizadas los cinco nuevos vertederos (secretos de momento) que se abrirán en la región para evitar la oposición de los vecinos. El que entre en ellas, podrá ser condenado a un año de cárcel. Se obliga a los ayuntamientos a adoptar la recogida selectiva. El Gobierno financiará el plan con "cientos de millones de euros". "Harán falta 30 meses", dice al final. "¿No hay más preguntas? Vaya, han apagado el micrófono". Berlusconi ha vuelto.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 22 de mayo de 2008