El Gobierno de Aragón, que preside el socialista Marcelino Iglesias, anunció ayer que recurrirá al Constitucional el decreto ley que ampara el trasvase del Ebro a Barcelona, ya que permite la compra de agua del Ebro para trasvasarla a otra cuenca.

La decisión la adoptó un consejo de gobierno extraordinario, que también pidió la suspensión de las obras del trasvase ya que la situación de emergencia en Barcelona ha terminado con las últimas lluvias. Anunció que planteará un contencioso si el Gobierno y la Generalitat catalana siguen adelante con la obra.